En los gobiernos saliente y entrante pareciera haber coincidencias en avanzar con la promulgación de la ley que regula la práctica del aborto no punible en los hospitales públicos, aunque ayer nadie salió a decirlo públicamente, después de que trascendiera que desde el Obispado y un grupo católico le pedirán al actual gobernador Carlos Verna y al gobernador electo Oscar Jorge que no lo hagan.La norma, impulsada por el diputado socialista Adrián Peppino, fue aprobada el jueves pasado por 18 votos contra 5 (se opusieron los justicialistas Oscar Pepa, Antonio Vicente, Jorge Lezcano, Rodolfo Iturrioz y Alicia Re), y a través de ella se garantizan, sin necesidad de autorización judicial, las intervenciones médicas para la interrupción del embarazo, como así también la atención médica y psicológica de la mujer pre y post aborto, en los casos tipificados en el artículo 86 del Código Penal: peligro para la vida o para la salud integral de la mujer y violación a una mujer idiota o demente. También prevé que los médicos que por razones de conciencia no quieran practicar el aborto, tendrán que informarlo por escrito a las autoridades hospitalarias y deberán ratificarlo cada dos años.Ayer una alta fuente gubernamental dijo que una señal de lo que pueda hacer Verna la dio el gobierno cuando el subsecretario de Salud, Rubén Ojuez, concurrió a la comisión parlamentaria de Legislación Social y Salud Pública y apoyó el proyecto de Peppino. “Ese es un indicio”, remarcó la fuente. A su vez Ojuez, ante una consulta de este diario, estimó que la decisión de promulgar o no la ley quedará en manos de Jorge.Ocurre que una vez sancionada una ley, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgarla o vetarla, total o parcialmente, a partir de recibirla. Ese plazo vencerá cuando Jorge ya esté ocupando la gobernación.Claro que el eventual respaldo a la ley –de hecho no objetándola en esos 10 días quedará automáticamente promulgada– no será el fin de la polémica. Después habría que esperar por la reglamentación, algo que puede demorarse meses, años o no dictarse nunca. Eso sí dependerá exclusivamente de la nueva administración que desembarcará en una semana.También ayer un íntimo allegado a Jorge confirmó algo que el gobernador electo viene diciendo. Que no se pronunciará sobre este tema –ni sobre otros– hasta después de asumir. Pero agregó una frase que podría interpretarse como una señal de su futuro accionar en caso de heredar el problema. “No es un tema para que haya tanta polémica”, sostuvo en alusión a que, en definitiva, lo que dice la ley es que debe cumplirse a rajatablas con un artículo del Código Penal que fue escrito en 1921.Pero ese allegado, conocedor también del gobierno saliente, contradijo el pensamiento de Ojuez. “Conociendo a Verna, no creo que se vaya sin tomar una decisión”, enfatizó.Mañana a las 18, convocada por un grupo autodenominado “Ciudadanos por la vida”, habrá una concentración en la rotonda del Centro Cívico en la que repudiarán la ley. Durante la sesión legislativa de hace cuatro días se vio en las tribunas a fieles y sacerdotes gritando en contra de su aprobación. Algunos de ellos llegaron a gritarle “asesinos” a los legisladores.
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