Se van dos funcionarios del Tribunal de Cuentas

En medio del escándalo desatado después del juicio del IPAV, que dejó al desnudo la falta de controles del organismo que tiene precisamente como tarea esencial fiscalizar los movimientos de fondos en la administración pública provincial, presentaron su renuncia dos altos funcionarios del Tribunal de Cuentas.Por decretos 3.191 y 3.192 del 20 de noviembre de 2.007, publicados en el boletín oficial nº 2.764, renunciaron el abogado Ricardo Luis Flores y el contador Juan Carlos García.Ambos se acogieron a los beneficios del retiro especial instituido por ley nº 2.341.Los decretos mencionados dan cuenta de que se aceptó la renuncia de Flores, clase 1.952; y García, clase 1.951. Los dos funcionarios del Tribunal de Cuentas hoy tan cuestionado revistaban en categoría 1 de la ley 643, y optaron por hacer uso del derecho que le acuerda el artículo 173 bis de esa norma legal, y el artículo 89 de la ley nº 1.170.Resulta por lo menos extraño que quienes ocuparon por años cargos relevantes en el Tribunal de Cuentas, uno como asesor letrado y el otro en calidad de secretario, en estas circunstancias, cuando el cuerpo es tan cuestionado, abandonen sus actividades y dejen la administración pública.El juicio oral y público en que se investiga las irregularidades en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda mostró la fragilidad –por no hablar de inexistencia- del sistema de control del Tribunal de Cuentas. Al punto tal que el fiscal de la Cámara en lo Criminal nº 1, Mario Bongianinno, le adjudicó responsabilidad por esa situación a su presidente, Natalio Perés y a otras altas autoridades del organismo. Entre ellos se encontraban Flores y García.El fiscal llegó a decir esta semana en su alegato que “aparentemente el TdeC no quería investigar” el destino de algunos fondos y destacó las “deficiencias” de los controles. Le apuntó a la cúpula del cuerpo que aún siendo consciente de esa realidad ubicó a pasantes y personal no capacitado para aprobar las rendiciones.Paralelamente, mientras había enormes sumas que no eran fiscalizadas, hace algunas semanas el TdeC la emprendió con rendiciones de entidades intermedias –algunas dedicadas a actividades benéficas-, que tuvieron que ratificar comprobantes (facturas) de $ 3,20, u otras sumas de parecido monto, ínfimas, y correspondientes a cinco o seis años atrás.Ante el pedido del fiscal de que la justicia abra un sumario para determinar cuál fue la responsabilidad “de las más altas autoridades” del Tribunal de Cuentas, cabe esperar la sentencia de la Cámara 1. Todo haría pensar que se dará curso al requerimiento.En medio de toda esta barahunda, Ricardo Luis Flores y Juan Carlos García se van.
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