La gran mayoría de los discapacitados en Argentina no pueden ingresar al sistema de prestaciones básicas de salud y recibir el 100% de cobertura médica, y sólo el 25% accede a un empleo, informaron los organizadores de una campaña por el Día Internacional de la Discapacidad que se conmemorará este lunes. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI 2003), elaborada por el INDEC, unas 2.800.000 personas tienen alguna discapacidad en Argentina pero sólo el 19% posee su certificado de discapacidad, una condición para obtener la totalidad de los beneficios del sistema. "Acceder al certificado de discapacidad presupone, un engorroso trámite ya que es otorgado sólo por juntas médicas de ciertos hospitales públicos en algunas grandes ciudades del país", dijo a Télam Luciana Mantero, de la Fundación Par. Según Mantero, "ese es el principal y más complejo obstáculo que hoy padecen los discapacitados en Argentina. No poder acceder fácilmente al certificado de discapacidad". "El 80% de los llamados al 0800 de discapacitados de junio a la fecha dio cuenta del gran incumplimiento de prestaciones (medicamentos, rehabilitación y ayudas técnicas) por parte de prepagas, obras sociales y del propio Estado", precisó el responsable del Programa Participación Ciudadana, Hugo Fiamberti. "Los pocos que acceden al sistema de salud (19%), reciben parte de las prestaciones y en algunos casos terminan pagando con su propio dinero algunas servicios", asegura Fiamberti. En este sentido, la encuesta indica que el 51,6% de los discapacitados en Argentina paga con dinero propio las sillas de ruedas, audífonos, aparatos, bastones, computadoras adaptadas, oxígeno, sondas, entre otras ayudas técnicas. Las estadísticas muestran además que sólo el 25% de las personas con discapacidad tiene empleo en Argentina (ENDI 2003). En la ciudad de Buenos Aires, "el cupo laboral del 5% destinado a cubrir puestos en oficinas del estado y empresas tercerizadas no se cumple, a pesar de la normativa vigente". En este sentido, "la ciudad de Buenos Aires no es un ejemplo de políticas públicas y no es porque no haya leyes en beneficio de los discapacitados. El problema que estas leyes no se cumplen y el principal incumplidor es el Estado", dijo Graciela Muñiz, Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. "El cupo laboral del 5% destinado a cubrir puestos en oficinas del estado y empresas tercerizadas no se cumple, a pesar de la normativa vigente que así lo obliga", concluyó Muñiz. Para la funcionaria, la ciudad se caracteriza por su falta de accesibilidad y señalización para las personas con discapacidad. Además, Muñiz señaló que "las barreras físicas, arquitectónicas y comunicacionales atentan contra la calidad de vida del discapacitado que pretenda desarrollar cualquier actividad educativa, recreativa o laboral".
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