Admiten el descontrol en DAFAS

El gerente general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS), Rubén Varela, admitió el descontrol en el que incurrió el organismo a su cargo, que permitió que se hicieran pagos indebidos de Publicidad. “Si fuimos torpes en controlar, no sé... lo dirá la Fiscalía”, aceptó Varela.No obstante, el funcionario aclaró: “No acepto que después de una trayectoria tenga que explicar que no soy un delincuente”.El contador cargó las responsabilidades del caso directamente en Carlos Monasterio (ver aparte), a quien se le pagaron publicidades pese a que utilizó la factura a nombre de su hermano Fernando Monasterio (quien a su vez es empleado de DAFAS). Aunque el hecho data del año 2005, DAFAS lo mantuvo en secreto hasta ahora y Varela sólo salió a decir lo suyo después de que El Diario difundiera lo que había ocurrido.Historia oficialEl funcionario contó lo que él mismo bautizó como “la historia oficial, la historia legal”: “Esta historia nace en febrero del año 2005, cuando el presidente del Instituto firma un contrato de publicidad con Carlos Alberto Monasterio, para hacer publicidad radial durante 11 meses en su programa en LU 33. A partir de ahí cobra 11 meses, trae la factura personalmente y firma los recibos personalmente. Al vencimiento del año 2005, cuando se hacen las rendiciones de cuenta, en mayo de 2006, el Tribunal de Cuentas observa que los pagos que se le han hecho tienen una facturación que no corresponderían, porque serían por el CUIT de un hermano de él que -oh casualidad- para nosotros toda la vida fue Fernando, pero que también se llama Carlos”.Según Varela, las facturas presentadas en DAFAS “hacían mención a ’Carlos Monasterio Servicios y Producciones’. El Tribunal de Cuentas nos pide que digamos cuál es la situación, lo analizamos y descubrimos que el CUIT no es de Carlos Monasterio y le pedimos algunos descargos; él dice que cobró todo, que no adeudamos nada, que traía personalmente las facturas y las cobraba. Dijo también que desconocía una situación administrativa contable, que no sabía que no podía utilizar una factura que no era de él. Esos elementos, con copia del contrato, las facturas, los recibos y los descargos los elevamos al Tribunal de Cuentas en agosto de 2006”.En ese punto, en cierto tono de queja respecto de los organismos de control, hizo notar que “los plazos que ellos manejan que no son los nuestros...”.Varela añadió que “como respuesta de todo esto recibimos un dictamen del asesor del TdC, el doctor Ricardo Florez, que dice textualmente que en virtud de la respuesta documental aportada ’ha quedado suficientemente clarificado que el contratado fue el señor Carlos Alberto Monasterio, quien por la prestación del servicio recibió el pago correspondiente’”.Según ese dictamen, “no existe daño patrimonial para el Estado, como así tampoco incompatibilidad alguna porque (Carlos Monasterio) es un tercero al personal de DAFAS”, pese a que su hermano Fernando -cuya boleta fue presentada- sí es empleado del mismo organismo.Florez dice que “se debe seguir analizando la situación de la facturación para ver si hubo una vulneración de los reglamentos administrativos”.Empleados citadosEn noviembre de 2006, siempre de acuerdo a “la historia oficial, la historia legal” que contó Varela, cuando el ISS recibió esa decisión del Tribunal, “se tenía que determinar si esto seguía teniendo responsabilidad administrativa. No hubo daño patrimonial, nadie se quedó con nada. A esos efectos, la presidencia del ISS pidió opinión al asesor letrado (Pablo) Girard, que comparte casi en su totalidad el dictamen del TdC, agregando que estos hechos no significaban daños patrimoniales y que el error fue provocado por el propio contratante, al que si no se le reconociera la prestación del servicio estaría haciendo un enriquecimiento al Estado sin justa causa”.Se señaló en ese mismo escrito la posibilidad de una responsabilidad administrativa técnica, por eso las actuaciones se elevaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ese trámite, para que se determinen sanciones administrativas -“no patrimoniales”, aclaró Varela- se concretó el 3 de noviembre del año pasado.La FIA, entonces, solicitó el detalle del personal que se desempeñaba en el Departamento que tuvo a su cargo los pagos. Esa solicitud se reiteró con algunos agregados y hace algunos días -más precisamente el 28 de noviembre- fueron a declarar tres empleados de Tesorería por esa situación. Otras tres personas están citadas para hoy.
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