Es la pena más dura para un caso de corrupción, que involucra a funcionarios, en los últimos 25 años en La Pampa. La fiscalía requirió, además, seis años para Rodríguez, cuatro a García y dos a Naval.De la boca del fiscal Mario Bongianino salió ayer el pedido de pena más duro para un funcionario o ex funcionario, por corrupción, en el último cuarto de siglo: ocho años de prisión efectiva para el ex vicepresidente ejecutivo del IPAV, Hugo Nelson Agüero, y para el ex gerente general, Luis Edgardo Araniz, además de una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.A ambos los acusó de asociación ilícita, sustracción de caudales públicos o peculado y pago de coimas o cohecho. Además al primero le agregó un cuarto hecho, peculado de servicio, por haber pagado con dineros de todos los pampeanos el arreglo de un calefactor y la limpieza del departamento que le alquilaba el Estado en el quinto piso del edificio Comahue.Bongianino, en su alegato, no cambió una coma de la acusación fiscal de primera instancia y en todo momento elogió la investigación de la jueza de instrucción, Verónica Fantini. Bajo ese razonamiento requirió seis años de cárcel para la ex jefa del departamento de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri; cuatro para el ex tesorero Wálter Raúl García; dos en suspenso para el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval; uno en suspenso para el ex jefe de Compras y Licitaciones y ex presidente del club Rucalén; Juan Cono D'Amico; y una multa de 60.000 pesos para la ex jefa de Habilitación, Susana Beatriz Mansilla.En esta parte de la megacausa del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda se investiga el desvío de 690.456,21 pesos entre 1999 y 2003 a través de dos operatorias: Banco Hipotecario y gastos de inspección. Por la primera no habrían ingresado al organismo 695.694,40 pesos de la recaudación por el cobro de cuotas a los adjudicatarios de viviendas, y por la segunda dejaron de ingresar a la cuenta corriente de Tesorería 264.761,81 pesos provenientes de los gastos de inspección, equivalente al dos por ciento de cada certificado de obra.Organización delictiva.Bongianino no se guardó nada. Habló de "una verdadera organización montada en el IPAV por sus principales autoridades", de "una organización delicitiva formada por los cuatro" (Agüero, Araniz, Rodríguez y García), de "una organización criminal inserta en el IPAV" y hasta de que Fantini "descubrió algunos de los hitos del descontrol y corrupción generalizada que había en el organismo".Sobre la operatoria BHN afirmó que "urdieron un plan para evitar todos los controles, aun los meramente formales, ya que evitaron que quedara algún registro en la administración pública". ¿Cómo fue la presunta maniobra? El IPAV, a través de 124 notas, la gran mayoría firmadas por Araniz, le pidió al banco que librara 330 cheques para, supuestamente, pagarle a acreedores. Pero para la fiscalía ese dinero debía ingresar a la Tesorería de Vivienda y nunca entró.Acerca de los gastos de inspección, Bongianino sostuvo que "no existe ninguna documentación real" que avale los pagos de 85 cheques por más de un cuarto de millón de pesos. "Esa diferencia debió ir de la cuenta 11314 de Habilitación a la cuenta 10313 de Tesorería y no fue. La falta de observaciones en los controles posteriores que hicieron los relatores del Tribunal de Cuentas no justifica la maniobra delictiva", acotó.Alarma social.Yendo más a lo estrictamente técnico, el fiscal buscó refutar los argumentos de Agüero y Araniz de que ellos desconocían los manejos contables del organismo. Para ello recordó dichos de testigos en el sentido de que, por ejemplo, hasta daban las órdenes para organizar las fiestas de fin de año de los empleados. "Estaban en cada uno de los detalles y no en las cuestiones institucionales como dijeron", remarcó. Y también refutó que los dineros que enviara Nación para la construcción de "viviendas populares" -una calificación que mencionó varias veces- no debían ingresar a las arcas provinciales para ser controlados por Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.De la ex contadora general y testigo María Teresa Tullio destacó que fue "una de las pocas que intentó cambiar las cosas" cuando a principios de 2000 le informó al ministro de Hacienda, y por entonces presidente del IPAV, Ernesto Franco, de las irregularidades detectadas durante una auditoría realizada allí."Pero no hubo auditoría que pudiera arreglar lo que pasaba. Eso quedó demostrado porque siguieron haciendo lo mismo hasta el último día -remarcó Bongianino-. El IPAV era más un estado absolutista que una república, que contó con la complicidad del principal controlador (Naval), que cobraba por no controlar o por no ver esas cosas".Al hablar específicamente de la asociación ilícita, el fiscal enfatizó que "a tal punto existió un pacto de voluntades" para delinquir que "jamás se permitió el ingreso de personas extrañas a la organización que pudieran trabar el aceitado mecanismo para sustraer caudales públicos". Mencionó tres ejemplos: cuando Araniz dejó la gerencia contable ese cargo no fue ocupado, tampoco tuvo reemplazante García cuando en 1999 trabajó en Bienestar Social y durante todo ese tiempo permaneció vacante la gerencia de auditoría."¿Cómo no vamos a hablar de una causa que generó alarma social si se trata de dineros de todos los pampeanos que debía tener un destino específico, la construcción de viviendas populares? Aquí se atentó contra el corazón del sistema democrático", concluyó Bongianino.Nada que imputar.Andrés Olié, uno de los defensores de Agüero, buscó en su alegato exculpar absolutamente al ex vicepresidente. "No hay hechos, actos u omisiones que puedan imputársele", aseveró. "Todos los hechos ocurrieron en el ámbito administrativo y en un organismo con autarquía financiera, con un modelo interno de desconcentración horizontal y un manual de funciones donde cada gerencia tenía funciones específicas", acotó.En ese contexto adujo que Agüero, por la función de su cargo, no tenía fondos bajo su custodia como lo exige el peculado, que se aplica al funcionario público que "sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".Olié hizo una comparación para tratar de demostrar que era imposible que su cliente pudiera conocer todos y cada uno de los movimientos del IPAV: en los años 2000, 2001 y 2002 el organismo manejó un presupuesto mayor que la municipalidad de Santa Rosa.Sobre la asociación ilícita -la figura está definida como una banda de más de tres personas destinada a cometer delitos-, adujo que para que el delito se consume se necesita además "un acuerdo de partes que no está demostrado. La fiscalía teorizó, hipotetizó, porque no mostró pruebas concretas. ¿Qué responsabilidad pudo tener Agüero en que no se nombraran los gerentes contable y de auditoría si esa era una facultad del gobernador (Rubén Marín)?", se preguntó el abogado.La codefensora María Cecilia Martini subrayó que "sustraer es separar, quitar y acá no pasó ni una cosa ni la otra. Pudo haber irregularidades administrativas, pero los fondos fueron usados para pagarle a los proveedores. Además, Agüero solamente firmó una de las notas que se enviaron al Banco Hipotecario. Otro gerente, Osvaldo López Moreno, también firmó una nota idéntica, pero uno está siendo juzgado y otro vino al juicio como testigo".Agregó que "tampoco tuvo responsabilidad en cómo se usó el dinero de los gastos de inspección porque sólo tenía competencia para firmar los certificados de obra, pero no para saber si el sobrante ingresaba o no a Tesorería".Sobre el arreglo de los calefactores, Martini señaló que por tratarse de una vivienda de servicio que rentaba el IPAV era correcto que los arreglos corrieran por cuenta del organismo.El último en alegar fue Carlos Amado, en nombre de Araniz, ya que el resto de los defensores lo hará el viernes. Su estrategia estuvo basada en apuntarle a quienes estaban por arriba y por debajo de él en la escala jerárquica. Dijo que la Ley Orgánica fija que el propio IPAV es el único administrador de sus fondos, que esa facultad era ejercida por el presidente (Franco lo fue entre 1996 y 2000 y el ex secretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez, entre 2000 y 2003) y el vicepresidente ejecutivo (Agüero) y que el gerente general sólo "secundaba" a ellos. "¿Qué quiere decir secundar? Apoyar, cooperar, ayudar; pero no dirigir ni administrar. Araniz podía ser la cara visible porque el presidente y el vice estaban ocupados y no tenían tiempo, pero siempre actuó en función de las órdenes que les dieron ellos", acentuó Amado."Por alguna razón que no alcanzó a comprender, por una selección curiosa, acá están el número dos y tres y la cuarta línea del IPAV, pero no está Franco. No fue citado ni él, ni Rodríguez", añadió.También dijo que la misma ley establece que los fondos que recibía el IPAV de Nación, e incluso el recupero de las cuotas, eran fondos nacionales y, por lo tanto, no debían ingresar al Tesoro provincial. Y que el 3 por ciento de ellos podían ser usados por el propio IPAV con cierta discrecionalidad y ni siquiera se superó ese porcentaje.El defensor afirmó, sin anestesia, que "Mansilla era legalmente responsable de las órdenes de pago", al referirse a los gastos de inspección, y que "no se puede condenar a alguien por un proceso administrativo que fue avalado por el Tribunal de Cuentas. No importa si esos controles fueron formales o débiles, sino que es cosa juzgada".Al final, acerca de la asociación ilícita y el cohecho repitió argumentos de la defensa de Agüero, aunque agregó: "Nadie dijo qué hizo Naval o qué dejó pasar. Es descabellado pensar en una dádiva con cheques y recibos".
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