IPAV: el fiscal pidió ocho años de prisión para Agüero y Araniz

El fiscal Mario Bongianino pidió duras penas para los principales acusados por la megaestafa en el IPAV. Ayer, durante los alegatos, imputó peculado y asociación ilícita a cuatro de los acusados y pidió ocho años de prisión, inhabilitación perpetua y 90.000 pesos de multa para el ex vicepresidente del organismo Hugo Nelson Agüero y el ex gerente general Luis Araniz.El fiscal también solicitó seis años de prisión para la ex jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas Mirta Isabel Rodríguez de Tieri (además, inhabilitación perpetua y 90.000 pesos de multa) y cuatro años de cárcel para el ex tesorero Walter René García (inhabilitación perpetua y 50.000 pesos de multa), a quienes achacó formar parte de la asociación ilícita y el delito de peculado.Por otra parte, Bongianino solicitó un año de prisión en suspenso para Juan Cono D’Amico, ex jefe de Compras del IPAV y ex presidente del Club Rucalén, por el delito de participación secundaria en peculado; dos años de prisión en suspenso para el ex contador fiscal Rubén Angel Naval, por cobrar coimas, y 60.000 pesos de multas a la ex jefa de Habilitación Susana Beatriz Mansilla, por malversación culposa.Ayer se desarrolló en la Cámara del Crimen Nº 1 parte de los alegatos en el juicio por la megaestafa en el IPAV. Sólo expusieron dos de los abogados defensores (ver página 3). El fiscal Bongianino también les pidió a los jueces que den vista del expediente al fiscal de turno para que investigue si existieron irregularidades penales en el control que debía realizar sobre los manejos de recursos del IPAV el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a cargo de Natalio Guillermo Perés.“Descontrol y corrupción”El alegato acusador insumió poco más de una hora al fiscal Bongianino. El funcionario judicial elogió la “minuciosa y brillante” investigación de la jueza de Instrucción, Verónica Fantini, que detectó el desvío del IPAV de 960.456 pesos a través de la cuenta bancaria que se nutría del recupero de las cuotas de las viviendas en el Banco Hipotecario Nacional y de la que contenía el porcentaje para gastos de inspección de las certificaciones de obra que aportan las empresas constructoras.“Existía una verdadera organización montada tendiente a desviar fondos”, consideró probado el fiscal, y le apuntó a la ex cúpula del organismo, Agüero y Araniz, junto a la responsable del área contable, Rodríguez, y el tesorero García. En ese sentido, señaló que “necesitaban que quien debía ejercer el control más importante debiera recibir algún tipo de favor, y lo logran a través del pago indebido” al ex contador fiscal Naval, que cobró 400 pesos mensuales a través del adicional FONAVI entre 1994 y 2003 .Bongianino argumentó que el pago de fiestas, sorteos de fin de año, limpieza de calefactores en el departamento de Agüero y otros gastos sin control formaron parte “de un todo” y que “lo descubierto son hitos del descontrol y corrupción generalizada en el IPAV”.Para el fiscal, las justificaciones de los acusados más encumbrados a través del supuesto desconocimiento de los pasos administrativos o por el carácter nacional de los fondos de las viviendas fueron “desvirtuadas” por los testimonios que desfilaron frente al tribunal.Por otro lado, resaltó que el arquitecto Agüero “no era ajeno” a los desmanejos en el organismo y que “estaba en todos los detalles”, desde autorizar la compra de huevos de Pascua hasta ordenar gastos en el Club Rucalén para mejorar las instalaciones.Inclusive no dejó pasar por alto que “las maniobras delictivas” de desvío de fondos persistieron aún después de que en el ’99 una auditoría de Contaduría General advirtió algunas de las irregularidades. “La organización se sentía con la fortaleza necesaria para enfrentar eso y cualquier auditoría, siguieron igual hasta el último día de gestión”, subrayó.En ese sentido, no dejó de rescatar el aporte clave de Flavia Peñalba en la causa (la empleada del Plan Trabajar que ofreció la punta del ovillo en la investigación previa) e inclusive el papel de la ex contadora general Teresa Tullio, “una de las pocas autoridades que intentó revertir la situación” y que en el juicio “fue contundente”, según evaluó. Asociación ilícitaLa acusación del fiscal consideró probado que existió “una organización delictiva” que perduró en el tiempo en el IPAV, durante el último gobierno marinista, del ’99 a 2003. Los manejos de los fondos “tenían más que ver con un estado absolutista que con una república”, comparó en una parte del alegato.El fiscal sostuvo la acusación de asociación ilícita en el convencimiento de que “existió un pacto de voluntades para cometer ilícitos” y en el hecho de que la megeastafa provocó “alarma en la población” y “atenta contra la confianza en las autoridades que deberían velar por el mantenimiento del sistema democrático”.Bongianino no se olvidó del famoso cuadernito casero en el cual las ex autoridades del IPAV anotaban los gastos que se hacían sin control, librando cheques sobre las cuentas del BHN y de Inspección. “Ni un almacén de ramos generales lleva esa contabilidad”, apuntó. En otro tramo repitió algo similar: “Ni en un kiosco sucede esto”.
el diario