La ex directora del Menor y la Familia inició los trámites para jubilarse como docente. La misma causa judicial que la tuvo un tiempo entre rejas podría negarle esa posibilidad a cambio de su despido.JUAN JOSE REYESUna de las popes del marinismo, la ex directora del Menor y la Familia, María Cristina Hidalgo, solicitó en agosto su jubilación ordinaria como docente. El gobernador Carlos Verna firmó el decreto por el cual le aceptó su dimisión pero la supeditó a la definición judicial de una causa penal donde la ex funcionaria está procesada. Se trata del affaire de los “viajes fantasmas” que la tuvo varios días tras las rejas por orden del juez Jorge Luis Howe.En realidad, el decreto del mandatario provincial –el número 2.987 de fecha 5 de noviembre de este año– deja atado el inicio de los trámites jubilatorios de Hidalgo a las conclusiones a las que se arribe en la causa caratulada “Fiscalía de Investigaciones Administrativas –FIA– s/Sumario María Cristina Hidalgo”. Si la resolución de la investigación le resulta desfavorable, la docente de 57 años, podría ser exonerada.Atrás quedarán sus pocos años en la docencia y sus muchos, más de veinte, como funcionaria. Su último cargo tuvo lugar en la Subsecretaría de Turismo, sitio en el que recaló tras la asunción del vernismo en el Ejecutivo provincial. Allí estuvo en “comisión” hasta julio, gracias a las doce horas cátedra que le “obsequió” el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) sin fijarle establecimiento, para lograr su adscripciónLa docente fue titular por años de la Dirección del Menor y la Familia, representó a la provincia en el Consejo de la Mujer y fue delegada de La Pampa ante el Consejo Federal de los Derechos del Niño y el Consejo Federal de Discapacidad.Estratega.La estrategia utilizada por Hidalgo fue imitada a la perfección hace un mes por quien en su momento debió juzgarla, el ex titular de la FIA, Enrique Romero Oneto. ¿En qué consiste? En solicitar derechos jubilatorios antes de que la Justicia resuelva la causa judicial en que ella está procesada. En el expediente N° 8.568/07 del 15 de julio de 2007 (a un año de su breve paso por la cárcel), presentó su renuncia como maestra en la Escuela 27 de Santa Rosa de acuerdo a lo normado por la Ley 1.124 en su artículo cuarto.Con un sumario administrativo en ciernes, el Tribunal de Disciplina y la Dirección de Sumarios tomaron cartas en el asunto junto a la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno del MCE y el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello Verna le aceptó su renuncia, aunque corre el riesgo de ser exonerada.Privilegios.¿Cuánto tiempo trabajó como docente Cristina Hidalgo con dos décadas de cargos políticos sobre sus espaldas? Evidentemente muy pocos como para acumular la carga horaria en horas cátedra que detentaba al momento de su solicitud jubilatoria. Hasta julio pasado revistió como funcionaria pues estaba comisionada en Turismo –la cartera que dirige Carmen Bertone– cobrando la módica suma de 3.300 pesos mensuales. Según parece, con escasa asistencia a su lugar de trabajo.Fue docente de la Escuela 27 de esta capital, aunque pocos la vieron pasar por sus aulas. Y lo más grave: las actuales autoridades del MCE le asignaron hace dos años doce horas más sin fijarle establecimiento educativo para que, de esa manera, pudiera alcanzar aquella comisión en Turismo.Hidalgo, con número de Legajo 24.089 y 50.729, es decir, dos sueldos, siempre perteneció a una casta política privilegiada, cuyo final quizás no sea el más honorable, al igual que el de otros que pasan por procesos judiciales. En el caso de la ladera de la todavía diputada provincial Elsa Labegorra (PJ), dependerá de la causa judicial que continúa en trámite, ahora ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).Al igual que otros ex funcionarios, como el caso de Santiago Alvarez, la propia Labegorra y Marta Cardoso, entre otros, Hidalgo está fuertemente sospechada en la comisión de ilícitos contra el erario público, como el peculado (apropiarse de recursos públicos bajo su administración). El tiempo dirá si la otrora poderosa funcionaria será exonerada o no de la Administración Pública.
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