Con el testimonio de los dos últimos testigos y la declaración defensiva de uno de los imputados, se cerró ayer la primera etapa del juicio oral y público por la megaestafa al IPAV. Para el 4 y 7 de diciembre se fijaron las audiencias de alegatos y se prevé que a mediados de ese mes se dicte la sentencia a los siete acusados. Lo más sustancioso de la jornada de ayer fueron las palabras del ex tesorero Walter García, quien se defendió explicando que "todos pensábamos que las cuentas de movimientos (del IPAV) no se tenían que rendir (ante los organismos de control provincial) y que no estábamos cometiendo un delito". "Yo nunca pensé que estaba cometiendo un delito, sino no lo hubiera hecho de ninguna manera", trató de defenderse el ex tesorero del IPAV, Walter García, quien está imputado por el delito de asociación ilícita junto a los popes del organismo, Hugo Agüero y Luis Araniz. Los otros involucrados en la supuesta estafa son la ex jefa de Finanzas, Mirta Rodríguez, la ex jefa de Habilitaciones, Susana Beatriz Mansilla y el ex jefe de Compras, Juan D'Amico. García -que en el inicio del juicio había optado por el silencio- dijo ayer que en realidad para el cargo de tesorero nunca fue designado, pero que cumplía ese rol porque trabajaba en tesorería y tenía el manejo de las cuentas del organismo, entre ellas la más importante, la número 10313, a la cual ingresaban todos los recursos del organismo. El ex tesorero dijo que él ingresaba a esa cuenta los fondos que "alguien" decidía que entraran (en lo que pareció una obvia referencia al gerente general del IPAV, Luis Araniz). Esta aclaración del imputado tiene que ver con que lo que se declaraba de la cuenta del BHN no eran los fondos realmente ingresados por el cobro de cuotas a adjudicatarios, es decir el bruto, sino el saldo neto una vez hechos los descuentos por comisiones bancarias, seguros y pago a proveedores. Precisamente el pago a proveedores se hacía, según varios testigos, por orden de Araniz y se sospecha que se utilizaron esos dineros, entre otras cosas, para abonar gastos particulares de los imputados, como también para el pago de fiestas para los empleados, obsequios y cenas. García repitió que el no haber ingresado todos los fondos al IPAV (provenientes del BHN) "era una decisión de otra persona", es decir, de Araniz. Pero no sólo contra el ex gerente apuntó, sino también contra Natalio Perés y Teresa Tullio, presidente del Tribunal de Cuenta y de Contaduría General respectivamente. Respecto a ellos dijo que tenían pleno conocimiento de ésta y otras cuentas pero que nunca hicieron una observación sobre su manejo. Además, dijo que el IPAV tenía "más de 14 cuentas corrientes y que sólo se rendían 4". Esto porque "todos pensábamos que no era obligatorio hacerlo, porque eran cuentas de movimientos". A esto sumó que "entendíamos que al ser el IPAV autárquico y recibir fondos nacionales nos manejábamos de otra manera, nunca me imaginé que podíamos estar cometiendo un delito". Sin dudas si alguien está comprometido en esta causa es Araniz. García reconoció que las órdenes de pago con dineros de la cuenta del BH las firmaba el gerente general y, excepcionalmente, Agüero, porque casi nunca estaba en Santa Rosa. También ayer declararon como testigos una empleada del IPAV, María Elena Giménez -que tenía un Plan Trabajar durante el período investigado- y un ex gerente del Banco Hipotecario Nacional, Jesús Pereyra. Giménez no aportó demasiado, sólo que Luis Araniz era quien definía a quién se le abonaba el adicional FoNaVi, entre ellos a Rubén Naval. Cabe recordar que el primero está acusado de pagarle coimas al segundo, aparentemente para beneficiarlo en la elaboración de los expedientes de las cuantiosas licitaciones de viviendas. Pereyra, en tanto, dijo que a pedido de Araniz, ese banco libró cheques de la cuenta del BHN que recibía fondos de la cartera de adjudicatarios. Justamente esto es lo que está bajo la lupa de la justicia, es decir, el mal uso de fondos públicos específicos sin rendiciones ante los organismos de control provinciales.
la reforma
