En los últimos días de su gestión, el intendente Néstor Alcala le pidió autorización al Concejo Deliberante para subdividir y parcelar la parte del predio del Tiro Federal que la comuna le compró al Estado nacional. Se trata de un 60 por ciento de la superficie total del inmueble, precisamente la parte que va desde la calle Mariano Castex, hasta la avenida Palacios.La compra del predio se realizó en cuatro pagos depositados al Ejército. El primero fue una entrega de 467.100 pesos, al que siguieron tres cuotas de 363.300, para totalizar 1.557.000. De acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo municipal, el inmueble será dividido en 54 lotes que saldrían a la venta a través de convenios que el municipio pretende firmar con “organismos o instituciones oficiales, empresas o sociedades de economía mixta, con capital estatal mayoritario o cooperativa de servicios públicos”. La firma de estos acuerdos está prevista en el artículo tercero de la ordenanza y también está sujeta a la autorización del cuerpo deliberativo. Alcala solicitó también la aprobación de una subdivisión que incluye, además de los más de cincuenta lotes, un espacio verde o de uso comunitario ubicado en la parte central del inmueble y la apertura de cinco calles que lo cruzarán para unir los barrios de Villa Martita y Villa Navarro Sarmiento. Las arterias mencionadas serán las continuaciones de las calles Chopin, Julio Verne, Mosconi, Savio y Castex. Esta última oficiará de límite entre el predio adquirido por el municipio y la parte del Tiro Federal que aun conserva el Ejército, justamente donde se erige el Tiro Federal propiamente dicho. En total la superficie adquirida por el municipio posee 62.246,67 metros cuadrados.
Donación.
En diciembre, este diario publicó que un fallo judicial del 12 de mayo de 2000 estableció que el inmueble, escriturado por el Ejército en 1942, sólo podía utilizarse para albergar un polígono de tiro. Así se lo había advertido entonces el concejal del ARI, Daniel Decristófano, al intendente Néstor Alcala. El edil se manifestó preocupado por el posible perjuicio que la compra del predio podría acarrearle al municipio por las limitaciones de uso que posee el inmueble.El concejal citó la sentencia de la jueza federal subrogante Susana González, fechada el 12 de mayo de 2000, en el marco del juicio de desalojo que entabló el Ejército contra una asociación santarroseña que pretendió usufructuar el lugar sin pagar un canon y tras el cual la entidad fue desalojada. En su fallo, la magistrada recordó que el predio había sido donado por la propietaria, Amalia Piñeyro de Alonso, al Ministerio de Guerra de la Nación. La jueza mencionó que, según la escritura, la mujer donó y transfirió el predio al Estado Nacional “en absoluta propiedad, posesión y dominio”, pero estableció una obligación accesoria: que el donatario (el Estado nacional) debía destinar el predio a la instalación de un polígono de tiro.El fallo dispuso que “el predio en cuestión debe estar siempre destinado para polígono, puesto que su poder de disposición ha sido limitado, pudiendo en caso de incumplimiento exponerse a una probable revocación de la donación o una acción personal entablada por terceros a quienes aquella obligación accesoria favorece”.
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