Cristina de Kirchner tendrá a su disposición una declaración de Emergencia Pública tan amplia como la que gozó su marido en los últimos cuatro años. Ayer, el gobierno envió al Senado el proyecto que prorroga por todo 2008 la misma declaración de emergencia que rigió hasta ahora en el país, tal como adelantó este diario el martes pasado. Una hora después, la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió el dictamen. Todo en 10 minutos y sin debate. Pero esa velocidad no le alcanzó a la presidente electa, que quiere tener la ley votada antes del miércoles que viene para que la promulgue su marido y no ella, que sistemáticamente la rechazó en los últimos cuatro años. Esa presión de Cristina de Kirchner provocó ayer una crisis en el Congreso. Como el kirchnerismo del Senado no pudo aprobar la Emergencia ayer mismo por faltarle un voto para conseguir los dos tercios necesarios para la sanción, el gobierno intentó anoche un atajo. Le ordenó al santafesino Agustín Rossi presentar en Diputados un proyecto de prórroga de la Emergencia similar al ingresado en el Senado, lo que el jefe del bloque hizo inmediatamente.El oficialismo luego se preparó para pedir una preferencia en la sesión de anoche de Diputados para debatir el proyecto el próximo martes cuando la Cámara está nuevamente convocada. Una vez que allí esté sancionado, pasará al Senado, donde Miguel Pichetto insistirá en el intento de reunir los dos tercios para convertirla en ley. Si toda la maniobra termina con éxito, Néstor Kirchner podrá promulgar la ley antes del recambio presidencial, y su esposa tendrá la declaración de Emergencia a su disposición, pero sin haber pagado el costo de firmarla.
Plenario Hoy las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se reunirán en un plenario de emergencia para emitir el dictamen del proyecto presentado por Rossi. Allanarán así otro escollo reglamentario para que el martes sea votado en el recinto. La nueva presidente contará entonces no sólo con los poderes especiales de la ley, sino también con la declaración de la emergencia sanitaria, ocupacional,alimentaria, y del programa-Jefes de Hogar. La velocidad en el Congreso para aprobar la Emergencia ayer fue tal que mientras el kirchnerismo calculaba el número en el recinto del Senado para votarla, en Diputados ya se había introducido el proyecto dentro del listado de leyes a tratarse en la sesión del martes. Todo un récord parlamentario que no tiene antecedentes. Tanto fue el apuro, que en el Senado el chaqueño Jorge Capitanich, presidente de Presupuesto y Hacienda, ni siquiera preparó un discurso para defender el tema cuando al mediodía emitió el dictamen en comisión: se limitó a leer el mismo que había pronunciado un año atrás, la última vez que se había prorrogado la ley. Esa rapidez tiene su explicación: Cristina de Kirchner no quiere promulgar esa ley, sino que el Congreso la apruebe a tiempo para que sea Kirchner quien ponga en marcha la prórroga. Lo contrario sería demasiado para una mujer que rechazó ese tipo de poderes especiales para Eduardo Duhalde, cuando se votó la ley el 6 de enero de 2002 en medio de la crisis, y que luego se abstuvo de apoyar todas las prórrogas cuando su marido ya ocupaba la presidencia. Ese discurso de Cristina de Kirchner ya empezó a disolverse el año pasado cuando defendió personalmente la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y los Órganos de Control, que le otorgó al gobierno los famosos «superpoderes» permanentes. Pero con la Emergencia no fue lo mismo y en diciembre de 2006 la senadora volvió a ausentarse del recinto a la hora de votarla. De la Emergencia Pública original que Duhalde le hizo votar al Congreso poco queda hoy de utilidad. No es operativo ya el poder al Presidente para modificar el tipo de cambio, ni para fijar la doble indemnización como freno a despidos laborales.
Bonistas Ni siquiera sirve el argumentosobre la necesidad de mantener la declaración de Emergencia Pública para frenar los juicios contra el país de acreedores que no ingresaron al canje. Esa explicación fue ensayada en el recinto del Senado en diciembre del año pasado, pero la realidad ya la sobrepasó: en Alemania los tribunales ya aceptaron reactivar las demandas de bonistas y el jueves pasado el neoyorquino Thomas Griesa habilitó una «class action» que involucra reclamos por u$s 6.500 millones. A un país que dice crecer a casi 9% anual, que adelantó deuda al FMI por u$s 9.800 millones y exhibe superávit fiscal, es difícil que jueces del exterior lo consideren en emergencia, aunque una ley así lo declare. Como utilidad de la Emergencia queda, entonces, sólo la facultad al Poder Ejecutivo para renegociar contratos de concesión, tarifas y marcos regulatorios con las empresas de servicios públicos privatizadas, un proceso que deberá continuar al menos durante todo 2008. Ese mecanismo le permite al gobierno cerrar acuerdos tarifarios con las empresas y luego enviarlos al Congreso para que sean aprobados en el recinto, o meramente por sanción ficta, es decir, por el silencio de las Cámaras después de 60 días de haber ingresado. Pagará así Cristina de Kirchner un costo político inútil. Ayer en el Senado se consideraba que la presidente electa, a través de su marido, debió haber redactado una nueva norma, manteniendo sólo el mecanismo de renegociación de contratos con empresas de servicios y desechando el resto de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo que hoy no mantienen ningún uso práctico. Pero la vocación de poder de los Kirchner pudo más.
Plenario Hoy las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se reunirán en un plenario de emergencia para emitir el dictamen del proyecto presentado por Rossi. Allanarán así otro escollo reglamentario para que el martes sea votado en el recinto. La nueva presidente contará entonces no sólo con los poderes especiales de la ley, sino también con la declaración de la emergencia sanitaria, ocupacional,alimentaria, y del programa-Jefes de Hogar. La velocidad en el Congreso para aprobar la Emergencia ayer fue tal que mientras el kirchnerismo calculaba el número en el recinto del Senado para votarla, en Diputados ya se había introducido el proyecto dentro del listado de leyes a tratarse en la sesión del martes. Todo un récord parlamentario que no tiene antecedentes. Tanto fue el apuro, que en el Senado el chaqueño Jorge Capitanich, presidente de Presupuesto y Hacienda, ni siquiera preparó un discurso para defender el tema cuando al mediodía emitió el dictamen en comisión: se limitó a leer el mismo que había pronunciado un año atrás, la última vez que se había prorrogado la ley. Esa rapidez tiene su explicación: Cristina de Kirchner no quiere promulgar esa ley, sino que el Congreso la apruebe a tiempo para que sea Kirchner quien ponga en marcha la prórroga. Lo contrario sería demasiado para una mujer que rechazó ese tipo de poderes especiales para Eduardo Duhalde, cuando se votó la ley el 6 de enero de 2002 en medio de la crisis, y que luego se abstuvo de apoyar todas las prórrogas cuando su marido ya ocupaba la presidencia. Ese discurso de Cristina de Kirchner ya empezó a disolverse el año pasado cuando defendió personalmente la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y los Órganos de Control, que le otorgó al gobierno los famosos «superpoderes» permanentes. Pero con la Emergencia no fue lo mismo y en diciembre de 2006 la senadora volvió a ausentarse del recinto a la hora de votarla. De la Emergencia Pública original que Duhalde le hizo votar al Congreso poco queda hoy de utilidad. No es operativo ya el poder al Presidente para modificar el tipo de cambio, ni para fijar la doble indemnización como freno a despidos laborales.
Bonistas Ni siquiera sirve el argumentosobre la necesidad de mantener la declaración de Emergencia Pública para frenar los juicios contra el país de acreedores que no ingresaron al canje. Esa explicación fue ensayada en el recinto del Senado en diciembre del año pasado, pero la realidad ya la sobrepasó: en Alemania los tribunales ya aceptaron reactivar las demandas de bonistas y el jueves pasado el neoyorquino Thomas Griesa habilitó una «class action» que involucra reclamos por u$s 6.500 millones. A un país que dice crecer a casi 9% anual, que adelantó deuda al FMI por u$s 9.800 millones y exhibe superávit fiscal, es difícil que jueces del exterior lo consideren en emergencia, aunque una ley así lo declare. Como utilidad de la Emergencia queda, entonces, sólo la facultad al Poder Ejecutivo para renegociar contratos de concesión, tarifas y marcos regulatorios con las empresas de servicios públicos privatizadas, un proceso que deberá continuar al menos durante todo 2008. Ese mecanismo le permite al gobierno cerrar acuerdos tarifarios con las empresas y luego enviarlos al Congreso para que sean aprobados en el recinto, o meramente por sanción ficta, es decir, por el silencio de las Cámaras después de 60 días de haber ingresado. Pagará así Cristina de Kirchner un costo político inútil. Ayer en el Senado se consideraba que la presidente electa, a través de su marido, debió haber redactado una nueva norma, manteniendo sólo el mecanismo de renegociación de contratos con empresas de servicios y desechando el resto de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo que hoy no mantienen ningún uso práctico. Pero la vocación de poder de los Kirchner pudo más.
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