Por Carlos Pagni
Cristina Kirchner todavía no asumió su gobierno, pero ya debe lidiar con una solapada crisis en su gabinete. ¿Cómo hará la ministra de Defensa, Nilda Garré, para convivir con su colega de Justicia, Aníbal Fernández, que fue acusado de integrar, junto con el ex jefe de Inteligencia del Ejército general Osvaldo Montero, una red de conspiradores que pretendía desplazarla del cargo? ¿Con qué ánimo participará del mismo equipo que Garré el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, después de que ella lo señaló como responsable de las intervenciones telefónicas a través de las cuales se detectó el complot de Fernández y Montero? ¿Con qué argumentos justificará Icazuriaga ante los Kirchner que Garré se enteraba de las tormentas antes que ellos? ¿Cómo hará Roberto Bendini para seguir al frente del Ejército bajo la sospecha de haber alentado las maquinaciones de su jefe de Inteligencia? En cada uno de estos interrogantes está el germen de un conflicto que corroe desde ahora la gestión de la nueva presidenta. De todos modos, bien se podría esperar de ella la capacidad que exhibió su esposo para administrar conflictos cada vez más velados y más potentes, como el de Alberto Fernández y Julio De Vido. El Ministerio de Defensa y la cúpula del Ejército explicaron, con gran soltura, que el general Montero había sido pasado a retiro porque en las conversaciones telefónicas que le escuchaba la SIDE aparecían comentarios inconvenientes. Al parecer, es cierto: Montero hablaba pestes de Garré. Lo que necesita todavía una explicación es con qué cobertura institucional el organismo que conduce Icazuriaga realizaba esas escuchas. Ese detalle es tan evidente que el propio secretario de Inteligencia se encargó de desmentir esas prácticas ilegales. La ministra Garré esperó hasta el sábado para avalarlo. Hasta donde llegan las informaciones de este intrincado enredo, los dos tienen razón. No fue la SIDE la que escuchaba las conversaciones de Montero. Fue personal de ese organismo que, al parecer, ocultaba a sus jefes directos la naturaleza de sus operaciones. En el Ministerio del Interior dejaron trascender a la prensa el nombre de Fernando Pocino. Allí creen que fue este agente de inteligencia quien realizaba escuchas al servicio de Garré, no de Icazuriaga ni de Kirchner. Por eso fue la ministra la que entregó las grabaciones al Presidente y no al revés. Dada la naturaleza de su profesión, las veces que Pocino apareció en los diarios ya fueron demasiadas. El periódico Perfil le dedicó una producción fotográfica el verano pasado, al salir del agua y mientras tomaba sol en Pinamar. Le adjudicó después ser el responsable de una unidad de seguimiento de políticos opositores y periodistas. También lo señaló como el funcionario que proveyó a la prensa del antiguo legajo del diputado Juan José Alvarez en su paso por la SIDE. Aunque no hubo desmentidas, es imposible verificarlo. En cambio, está certificada la vinculación de Pocino con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside Horacio Verbitsky, para el que hizo algunos trabajos académicos, junto con el actual jefe de la Policía Aeronáutica, Marcelo Saín, y el secretario de Seguridad Interior, Eduardo Tibiletti, quien en teoría reporta al ministro Fernández, blanco de las investigaciones de aquel agente de inteligencia. En el Gobierno desligan al vocero presidencial, Miguel Núñez, de esta trama. Creen necesaria la aclaración porque es quien mejor conoce a Pocino en el círculo de la próxima presidenta: el trato entre ambos se remontaría a cuando el espía prestaba servicios en el Congreso y Núñez se desempeñaba como jefe de prensa de la diputada Kirchner. Tiempos en que el entonces gobernador de Santa Cruz y su esposa se enteraron de que la SIDE los tenía como objetivos en la provincia. Funcionarios que trabajan en la Casa Rosada y que serían independientes de esta trama fantasean con una segunda intención del agente Pocino: promover a su amiga Garré a la jefatura de Inteligencia y ubicarse él mismo en el segundo escalón de ese organismo. De ser así, Garré le hacía a Icazuriaga lo que Fernández le hacía a ella. Balance provisional: en algún momento Garré deberá explicarle a Kirchner la razón por la cual se sirvió de voluntarios informales de la SIDE para escuchar las conversaciones del jefe de la inteligencia militar. También Icazuriaga tendrá que justificar ante el Presidente el comportamiento de subordinados suyos, como Pocino, si es que se verifica que prestan servicios fuera de todo marco institucional. ¿O Kirchner y su "Señor 5" estaban al tanto de esos movimientos y lo ocultaban?
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Quedan todavía dos funcionarios en problemas. Uno es el ministro del Interior, Fernández: negó conocer al general Montero, pero admitió que su jefa de Inteligencia Criminal, Verónica Fernández Sagari, tenía contacto con él. Fuentes cercanas al Ejército afirman que no habría que reducir a esa funcionaria el vínculo del ministro con la conducción de la fuerza. Sostienen que el intercambio entre Fernández y varios militares era mediado por amigos comunes. "En el Ejército teníamos expectativas muy concretas con la llegada de Aníbal a Defensa; por ejemplo, que mejorara la situación de los camaradas a los que Garré mandó a cárceles comunes", confesó un oficial retirado. Misterios de este mundo: al parecer hay un sastre, en la calle Florida, que conoce los secretos de esta historia. El otro de quien el Presidente espera explicaciones es el general Bendini, jefe del Ejército. En la Casa Rosada sospechan que él avalaba el reemplazo de Garré por Fernández, en el que estaban empeñados Montero y los amigos del ministro del Interior. Los Kirchner no pretenden que Bendini le jure lealtad a Garré. Ya es tarde para eso. Sólo quieren una explicación de por qué al frente de la jefatura de Inteligencia de la fuerza designó a alguien tan inexperto como Montero. A diferencia de su segundo, el coronel César Milani, el general pasado a retiro es un artillero ajeno a la especialidad. Además, sus problemas con la ministra venían de antiguo: desde que Garré comenzó a exigir al Ejército los listados de funcionarios civiles de Inteligencia. Montero se negó a proveerlos, según sus amigos, por razones de Estado. Según sus detractores, para ocultar alguna irregularidad en la distribución de esos fondos reservados.
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