Entre hoy y mañana, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas decidirá si el “robo hormiga” detectado en la Legislatura provincial amerita una denuncia ante la Justicia penal o bien si sólo se trata de una cuestión administrativa. Toda la cúpula de la Legislatura ya prestó declaración ante la FIA.“si surge un posible delito, puede haber una denuncia penal”, sostuvo ayer Juan Carlos Carola, el adjunto de la FIA que está a cargo de esa oficina desde que renuncio Enrique Manuel Romero Oneto. Sin brindar demasiados detalles por tratarse de una investigación en curso, Carola señaló que desde que empezó a instruir esta “información sumaria” –el 1 de noviembre–, ya ha tomado más de 20 declaraciones y se han solicitado “toneladas de pedido de informes”.“En este momento estamos tomando las últimas declaraciones”, comentó Carola ante la consulta de LA ARENA. “Con estas declaraciones y los pedidos de informes creo que ya tenemos los elementos suficientes para resolver el caso”, acotó.Las alternativas, indicó, son dos. “Si surge la comisión de un delito, corresponde una denuncia penal. Si no, una investigación administrativa más amplia”. Esta última alternativa también tiene dos derivaciones. “Si el presunto responsable está individualizado, será un sumario contra esa persona, y si no una investigación para ubicar a ese responsable”.El paquete de más de 20 declaraciones que tomó la FIA, comprendió a todos los funcionarios de la Legislatura y al personal del área contable de ese Poder.Adicción.La sospechosa del “robo hormiga” que salió a la luz a principios de mes en la Cámara de Diputados sería una mujer con problemas de adicción al juego, según los trascendidos recolectados en el ámbito parlamentario. De acuerdo a los números que se barajan, la mujer habría desviado a lo largo de más de un año, una suma que ascendería a los 170.000 pesos de las partidas destinadas al pago de sueldos.El hecho delictivo se habría producido –siempre a estar por las versiones– en el sector Sueldos. La maniobra se consumó tras alterar un programa informático de manera tal que mensualmente se desviaban unos 2.000 pesos hacia una cuenta particular. La principal sospechosa es una empleada con 22 años de antigüedad, de unos 40 años y con una categoría alta en el escalafón de la Administración Pública. Su adicción al juego le habría llevado a pedir ayuda a allegados suyos para salir de la enfermedad.
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