La mucama y secretaria de Agüero se desdijo y pidieron su detención

Maratón: la jornada de ayer se extendió durante nueve horas. El desfile de testigos incluyó la declaración del contador Rivero, del Tribunal de Cuentas, quien puso en evidencia las debilidades del sistema que se aplica en la provincia. Otro testimonio de peso se aguarda para las próximas horas: el del abogado Fernando Gutiérrez.Irma Luisa Requejo trabaja en el IPAV desde el año ’84. Y ayer vivió, seguramente, uno de los peores momentos de su vida cuando el fiscal Mario Bongianino pidió que la detengan -acusada del delito de falso testimonio- luego de que se desdijera ante la Justicia.La mujer había revelado en primera instancia que el ex vicepresidente del IPAV Hugo Agüero había decidido agregarle 100 pesos a su sueldo de empleada pública (mediante el mentado “Adicional FONAVI”) a cambio de que una vez por semana (algún sábado o algún domingo) le limpiara el departamento.Ayer Requejo dio marcha atrás con un discurso poco creíble y logró zafar de la prisión inmediata porque los camaristas ordenaron que se inicie una investigación por el supuesto falso testimonio pero con ella en libertad. Requejo, administrativa, era una suerte de secretaria de los popes del IPAV en la época marinista.Ayer dijo que en realidad el incremento de 100 pesos en su “Adicional FONAVI” se debió a que le dieron tareas extraordinarias. Argumentó que cuando declaró en la etapa de instrucción se sintió “nerviosa, acosada; tal vez firmé y no miré. Puedo haber mezclado las cosas o me interpretaron mal”.En la tarde de ayer también declaró otra secretaria, Marcela Belber, quien -como la totalidad de los testigos- confirmó la realización de fiestas financiadas con fondos del IPAV y organizadas por Luis Araniz y Hugo Agüero, con el aporte de su entorno. En esos agasajos se sorteaban viajes (a Cataratas del Iguazú, a Mar del Plata), electrodomésticos y otros bienes.Las tertulias fueron confirmadas por la contadora Lucía Faure, el ex jefe de Despacho Pablo Díaz, la contadora Graciela Lovera y el ex empleado de Tesorería Ariel Martín. Durante la audiencia de ayer quedó claro que existía una cuenta desde la cual el IPAV se pagaba a sí mismo un 2% de cada certificación de obra por “gastos de inspección”.Martín reveló que esos cheques luego eran cobrados por él. El dinero en efectivo -dijo- le era entregado a “Piqui” Rodríguez, a Walter García o se guardaba “en una cajita fuerte que teníamos”, para pagarles a algunos proveedores (así, en efectivo).Faure confirmó que a Naval le pagaban 400 pesos mensuales -la mayoría de las veces en efectivo, lo cual era un caso extraordinario en la administración general del IPAV- que se hacían figurar en el rubro “otros conceptos” del sueldo de Araniz.Francisco García, vocal del Tribunal de Cuentas, aportó poco y nada, porque su función en el organismo nunca fue el control del IPAV. En cambio su colega de la otra sala, Rubén Rivero, desnudó las debilidades del sistema que se aplica en la provincia, a tal punto que confirmó que nunca vio la documentación del IPAV, que no conocía cuál era su mecánica administrativa y hasta aceptó que era “imposible” detectar gastos ilegales.Nunca pudo responder una pregunta clave que le hizo el fiscal: ¿por qué se hacían inspecciones en organismos como comisiones de fomento -más simples, de menos montos- y en cambio nunca se ordenaban en entes oficiales que manejaban mayores montos y contabilidades más complejas, como el IPAV? En varias ocasiones Rivero hizo lo mismo que Natalio Perés: descargó responsabilidades en sus subordinados (“yo no realizaba esa tarea”, “no estoy en condiciones de responder porque no veía la documentación”, “no tenemos equipos para mandar a todos lados”, etc.).
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