Para el presidente del Tribunal, el relator que no detectó los pagos a Naval no sabía que el contador trabajaba en ese lugar. Nadie pudo explicar por qué no había inspecciones más profundas al Ipav.La sexta jornada del juicio por los desvíos de fondos en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda dejó en evidencia la precariedad de los controles que realiza el Tribunal de Cuentas en organismos de esta magnitud. Las declaraciones de la cúpula del TdC revelaron que el principal y casi único control descansa en personas que en muchos casos son pasantes o idóneos, que muchas cuentas ni siquiera se auditan y que no hay mecanismos para detectar "gastos no registrados". En la jornada de ayer abundaron los "no me acuerdo" y las delegaciones de funciones hacia otras personas. Por primera vez, las defensas rozaron sus intereses. Una testigo, estuvo muy cerca de quedar presa a raíz de la contradicción entre sus testimonios.En un intento por deslindar responsabilidades, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Natalio Perés, y los vocales Francisco García y Rubén Rivero justificaron ayer las groseras falencias en los controles al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (Ipav) en un sistema que adjudica a los "relatores" la plena facultad de decidir si una rendición de cuentas está bien hecha o no, en la falta de una dotación adecuada de personal y en un cotejo formal entre documentos y planillas..Las autoridades del TdC se vieron en figurillas para convencer a los jueces y que sus controles son los más apropiados para la contabilidad del Estado ya que la evidencia indica lo contrario. El juez Jorge Cañón y el fiscal Mario Bongianino fueron los más enfáticos en sus exigencias y quienes pusieron contra las cuerda a los funcionarios.Por la mañana, Natalio Perés, presidente del organismo, fue interrogado en primer término por la presencia del contador fiscal Rubén Naval en el Instituto de Vivienda, donde realizaba el "control previo". Perés aseguró, una vez más, que desconocía que Naval cobraba una suma fija por parte del Ipav por realizar ese control previo, insistió en que nadie le informó que había unas planillas donde figuraban esos cobros y cuando le hicieron notar que el relator las dio por aprobadas, dejó un respuesta sorprendente: "quizá ese relator no sabía que Naval trabajaba en el Tribunal de Cuentas". Con ello, intentó justificar que el relator a cargo del Ipav no hubiera detectado en sucesivas planillas la presencia del contador fiscal como un beneficiario del "adicional Fonavi" que el Ipav pagaba a sus empleados. No sólo argumentó que "quizá no lo conocía" sino que incluso explicó que los relatores trabajan en una punta del edificio y los contadores fiscales en otra.Pasantes.Un punto que los abogados arrancaron a Perés es que la única persona que ve los documentos -comprobantes, recibos, planillas, etc- que respadan los pagos y movimientos económicos, es el relator a cargo. Y que si ese relator no hace objeción alguna, su opinión es palabra santa.Pero también le hicieron confesar que varios de ellos son personas que no acreditan títulos universitarios, que son idóneos, y muchos de ellos pasantes sin ninguna estabilidad laboral. A esa justificación, Perés sumó la falta de un número apropiado de personas que permitan para la carga de tareas que hay que realizar y la enorme cantidad de documentación que cada relator tiene que verificar en poco tiempo. Parámetros.Por la tarde testimonió Francisco García, uno de los vocales del Directorio del Ipav. García no aportó mucha información ya que su área de trabajo son las Comisiones de Fomento pero los abogados defensores le sacaron una definición que después utilizarían contra el otro vocal, Rubén Rivero: que cuando era necesario y se consideraba apropiado, el TdC enviaba una "inspección" a las Comisiones de Fomento.Cuando Rivero ocupó su lugar, Cañón y Bongianino le preguntaron por qué no se tuvo el mismo celo contra el Ipav -área que estaba bajo su órbita- y el vocal no tuvo respuesta. Tampoco encontró una explicación cuando le reclamaron por los "parámetros" para inspeccionar modestos pueblitos y no hacerlo con organismos que manejan presupuestos millonarios. Y tampoco aportó respuestas cuando le requirieron por qué mecanismos había para detectar "pagos informales" o "pagos no registrados". "Sólo se controla lo que viene en los papeles, con documentación respaldatoria", se excusó el funcionario, dejando en claro que no hay, o por lo menos no se aplican, procedimientos que indaguen más allá de lo formal.Por último confirmó que el Tribunal nunca inspeccionó las cuentas que manejaba Tesorería del Ipav sino hasta que un oficio judicial les advirtió que allí había una cuenta bancaria que no se estaba rindiendo.
la arena
