Después de una semana de juicio por el presunto desvío de fondos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV) por 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003, y a pesar de que aún falta escuchar a 23 testigos, varios de los cuales pueden ser muy valiosos, las estrategias del fiscal Mario Bongianino y de las siete defensas, parecen ir delineándose. Estas últimas coinciden en algunos aspectos y en otros no, porque no todos los imputados están acusados de los mismos hechos.La maniobra que se investiga se habría cometido a través de las cuotas que pagaban los adjudicatarios de vivienda (el Banco Hipotecario, por orden del IPAV, no le giró la totalidad de la recaudación) y de los gastos de inspección (parte de ese dinero no fue reingresado por la cuenta de Habilitación a la de Tesorería del IPAV). Los principales imputados han sostenido que esos fondos, por ser nacionales, no estaban sujetos a todas las leyes de la contabilidad provincial.Hugo Agüero, el ex vicepresidente del Instituto, tiene que responder por cuatro delitos, el ex gerente Luis Edgardo Araniz por tres y la ex jefa del departamento de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez, y el ex tesorero Wálter Raúl García, por dos. Con el agravante que los dos primeros tienen una sentencia por enriquecimiento ilícito confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.Los cuatro tienen dos delitos en común, asociación ilícita y peculado a través de las operatorias BHN y gastos reservados –ambos penados con hasta 10 años de prisión–. Para “bajar” la asociación deberán demostrar que no formaron una banda para delinquir indeterminadamente en el tiempo. Un detalle: el delito puede imputarse por el solo hecho de ser miembro de la banda. De los tres requisitos que exige esa figura, quizá los defensores apunten fundamentalmente a mostrar que, si bien pudo haber desprolijidades administrativas, en ningún momento los funcionarios se pusieron de acuerdo para delinquir.Peculado.Con relación al peculado, Agüero y Araniz se desentendieron absolutamente cuando declararon en las audiencias. Esta figura se aplica al funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”. Ellos dijeron que no estaban al tanto del manejo contable cotidiano, o sea que descargaron culpas en Rodríguez, García e incluso Susana Mansilla, la ex jefa de Habilitación. Posiblemente en este punto mucho se discuta sobre leyes, decretos y resoluciones referidas a las funciones de cada uno.Bongianino, mientras tanto, parece ir tranquilo, buscando confirmar cada uno de los detalles de la acusación fiscal. Lo viene haciendo en un tono moderado. Da la sensación de que está satisfecho con el desarrollo del juicio.Sigue el juicio.Hoy a las 10 comienza la segunda semana del juicio y aún quedan por declarar 23 testigos, algunos de los cuales han sido muy cuestionados. En el ojo de la tormenta aparece, para las defensas, el Tribunal de Cuentas (TdeC) porque no objetó ninguna rendición en años y porque, según declaró su presidente Natalio Peres, en la instrucción, desconocía la situación del ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval en el IPAV. El está imputado de haber cobrado coimas. ¿Insistirá con esa versión? ¿Naval pedirá un careo con él? ¿Qué dirá sobre la actuación del organismo ante el presunto desvío millonario de fondos?Además de Peres declararán Francisco García y Rubén Rivero del TdeC, el ex gerente del BHN Jesús Pereyra, el ex abogado del IPAV, Fernando Gutiérrez –Araniz dijo que quiso ocultar todo–, la secretaria de Agüero –habría cobrado 100 pesos mensuales del IPAV para limpiarle el departamento–, Osvaldo López Moreno, que estuvo antes y sigue ahora en el IPAV, y empleadas del Instituto y del Tribunal de Cuentas, entre estas últimas Gladys Clement y María de los Angeles Sarricouet, que están imputadas en un expediente ligado a la Megacausa y con la situación procesal irresuelta.La situación de cada uno.Agüero: hasta ahora parece haber quedado prácticamente demostrada una de las dos imputaciones por el peculado de servicio. Un chofer del IPAV declaró que fuera del horario de trabajo le arregló un calefactor de su vivienda particular y cobró a través del IPAV. La testigo clave, Flavio Peñalva, aseguró que adquirió un sommier con dineros del organismo –él lo negó–, aunque esa imputación no aparece en la acusación fiscal. ¿Aparecerá en el alegato de Bongianino? En los pasillos habla con Araniz y Rodríguez. Cuando declaró dijo que no era responsable de nada y hasta afirmó que “en los últimos tres años mi presencia en el IPAV fue muy esporádica”.Araniz: fue el imputado que más explicaciones dio. También dijo que no es responsable de nada, pero las 111 órdenes que firmó para que el Banco Hipotecario realizara descuentos en forma directa, sin ingresar ese dinero al IPAV, lo complicaría seriamente. Varios testigos dijeron que el total de la recaudación debía haber ingresado a la Tesorería provincial. El adujo que Vivienda tenía autarquía para disponer esos manejos. Al igual que Agüero remarcó que ningún organismo de control –especialmente el Tribunal de Cuentas– objetó las rendiciones.Rodríguez: está en el centro de la escena porque era la responsable del departamento que manejaba el dinero que supuestamente fue desviado. Es la más activa en el juicio. Conversa mucho con su abogado, aunque no quiso declarar. Varios testigos la complicaron. Su defensa insinuó el viernes un pequeño giro en su estrategia, al preguntarle a Peñalva si ella obedecía órdenes de sus superiores. A pesar que esa testigo fue dura con “Piky”, ante esa pregunta respondió afirmativamente. ¿Tratará de despegarse de sus superiores e insistir más con el cumplimiento de órdenes?García: un par de testigos deslindaron responsabilidades sobre él y hasta dijeron que quería irse porque sabía que la contabilidad no estaba clara. Pero era el tesorero, con todo lo que ello implica en el manejo de dineros públicos. Con la más habla es con Rodríguez y es el único que es defendido por un defensor oficial.Naval: está acusado de haber cobrado una coima mensual de 400 pesos, pagada por Agüero y Araniz. El dijo que cobró un extra por su trabajo como contador fiscal –porque era fuera de horario– y que tenía autorización del Tribunal de Cuentas. La incógnita es si podía cobrar y, además, hacerlo a través de la planilla del adicional Fonavi. Araniz dijo que con los fondos de ese adicional podía abonársele a personas ajenas al IPAV; la entonces contadora general de la Provincia, María Teresa Tullio, lo negó. ¿Otros revisores cobraban del organismo que controlaban? En el juicio se dijo que el caso Naval era la excepción de la regla y que era el único revisor de cuentas que controlaba fuera del ámbito físico del Tribunal. Podrían ser clave los testimonios de las autoridades del Tribunal, que declararán esta semana. No habla demasiado con el resto de los imputados. Sí habló con Tullio.Mansilla: no irá presa porque el delito que se le imputa es sancionado con multa. Esa es una de las claves para su defensa. En el peor de los casos, busca que el monto sustraído sea el menor posible. Hubo varios testimonios desincriminándola, aunque le juega en contra que estaba a cargo de la cuenta corriente de Habilitación, que era la cuenta pagadora. Su negativa a declarar extraña porque, por ejemplo, Araniz le apuntó directamente a ella al decir que “se quiere sacar el lazo de encima”.Juan D’Amico: es, en teoría, el menos complicado, porque el peculado que se le imputa no está relacionado con las operatorias BHN y gastos de operación, sino con la recepción como presidente del Club Rucalén de 70 sillas de plástico, un termotanque y otras cosas. Su abogado busca no hacer olas. Su esposa lo acompaña permanentemente. Agüero lo saluda. Se le escuchó decir: “Yo sé que soy un perejil”. Hasta ahora no habló.
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