Un grupo de ONG pampeanas denunciarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al gobierno de la provincia de Mendoza por el daño ambiental derivado del represado y desvío del cauce del río Atuel. Una provincia acusa a la otra de "haberse robado" el curso de agua. Unos 200 dirigentes políticos y gremiales, docentes y comerciantes de La Pampa participaron de una asamblea ciudadana y dieron unánime apoyo al proyecto para denunciar a la provincia vecina ante el máximo tribunal por el costo que paga desde hace medio siglo el ecosistema del oeste pampeano a raíz del represado y desvío del curso del río en territorio mendocino, especialmente a partir del dique El Nihuil. La asamblea ciudadana "Los pampeanos reclamamos por el río Atuel" fue convocada por la Fundación Chadileuvú (Fuchad), la Asociación Ambientalista Alihuén y la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), quienes decidieron en ese plenario hacer la denuncia ante la CSJN. En la asamblea se renovó el rechazo a las retenciones de agua que se efectúan desde la década del 40 en Mendoza, que han provocado el éxodo de cientos de pobladores ribereños y la desertificación del oeste pampeano. Los asambleístas también cuestionaron las liberaciones esporádicas de agua río arriba (desde los diques), a las que atribuyen inundaciones en la zona. En la tierra pampeana que bañaba el Atuel hace un siglo había alfalfales. Hoy hay médanos. Había miles de ovejas y chivas, y hasta colonias agrícolas. Hoy sólo quedan pocas chivas, vacas y un puñado de ovejas. Había centeno y maíz, y en los bañados se refugiaban los carpinchos. Hoy no hay nada. Sólo viento, medanales y suelos salinos. Y cada tanto se cubre todo de agua. En los comienzos del siglo XX, Mendoza comenzó a taponar el río para regar sus chacras. Los caudales fueron disminuyendo y el golpe mortal fue la construcción del dique El Nihuil, en 1947. Entre 1948 y 1973 no corrió una gota por el cauce pampeano del Atuel, que directamente se cubrió de arena. Migrantes Elvira Alcaraz tiene 66 años, una casa en Santa Rosa, el apodo de "Tita" y el triste honor de ser una de las primeras en emigrar a la ciudad por el corte del río. Fue hace 59 años, cuando su familia decidió juntar las pocas cosas que tenía y cargarlas en un viejo camión de un tío. "Yo era chiquita y no entendía por qué mamá lloraba tanto. Al poco tiempo me di cuenta de que, por la sequía, habíamos dejado todo: a mi abuela, a mi padre, que no volví a ver nunca más, mi casa, a mis amigos, a todos mis parientes y a mi río." "Tita" había nacido en el campo, al sur de Algarrobo del Aguila. Luego, en 1942, cuando tenía un año, se fue con su madre, Anita, y sus nueve hermanos al pueblo. En ese momento, sobraban los dedos de las manos para contar las casas de Algarrobo. En 1947, con las obras del dique El Nihuil cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia esta provincia y la fértil cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú casi desapareció. Hasta esa época, el Atuel ingresaba en La Pampa por cinco brazos y los bañados ocupaban casi un millón de hectáreas. Ahora, el único brazo activo es el que se conoce como el Arroyo de la Barda. Pero no alcanza para restablecer el ecosistema de los antiguos bañados, y mucho menos para desarrollar regadíos. En 1987, cuatro décadas después del corte total, la CSJN consagró "la interprovincialidad del río Atuel" y dispuso que ambas provincias debían "acordar los usos futuros". Pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso continuo del agua. Exodo Claudia Salomón Tarquini, historiadora e integrante del Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra, dice que el éxodo de los pobladores ha sido una constante. Según datos provisorios de una encuesta propia, en Colonia Emilio Mitre hay casi 200 descendientes indígenas que nacieron en esa zona y que tuvieron que irse. Hoy, enumera, hay 121 pobladores originarios en Santa Rosa, 39 en Santa Isabel, 22 en Victorica, 7 en Toay y 5 en Telén. La sequía no fue la única causa, pero fue determinante. "El corte del río los afectó, y mucho. Básicamente, por la pérdida de los animales", sostiene. Apoyo gubernamental La decisión de ir a la Corte tiene el apoyo del gobierno de Carlos Verna (PJ), que se comprometió a entregar todos los estudios técnicos del río y también, en caso de que hiciera falta, ayuda financiera para costear el litigio. "Debemos actuar en conjunto. Incluso, buscando apoyo en las ONG de Mendoza que vienen luchando contra las explotaciones mineras contaminantes", sostiene el director de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri. "¿Por qué no denuncia a Mendoza el gobierno de La Pampa, como lo hizo en la década del 70? Preferimos el diálogo y el consenso", sostuvo. La intención de las ONG y de la CPE es que la Corte Suprema convoque a las partes a una mesa y las obligue a tomar decisiones concretas para que se garantice un mínimo caudal fluvioecológico y productivo del río. "Necesitamos que nos garanticen un caudal mínimo para restablecer el equilibrio ecológico, y uno máximo, para que no se inunden los puestos", dice Leandro Altolaguirre, de Alihuén. Y hay quienes, incluso, piensan en acompañar la presentación judicial con medidas de fuerza. "A veces es necesario cortar una ruta para hacernos escuchar. No podemos quedarnos con ir a la Corte", sostiene el diputado provincial Juan Carlos Scovenna (ARI).
Por Sergio Romano Para LA NACION
