jueves, 9 de agosto de 2007

Tapa "El Diario"

Romero Oneto pidió su propio desafuero y no habrá juicio político

¿Obligado?: después de haberse recurrido en tres oportunidades a la protección que le brindó el bloque del PJ para que la Justicia no lo investigue por los cheques que cobró del inspector del acueducto cuando integraba la comisión que debía controlarlo, el actual titular de la FIA, Enrique Romero Oneto, se quedó sin margen para eludir el llamado a indagatoria de un juez provincial. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Romero Oneto, presentó ayer una nota en la Legislatura provincial para que se otorgue su desafuero, allanando de esta manera el camino para concurrir a la declaración indagatoria a la que lo someterá el juez de Instrucción Carlos Omar Jorge.El magistrado sospecha que el actual fiscal cometió un delito durante la época en la cual recibió un pago con frecuencia mensual por parte del ingeniero Carlos Oppezzo, mientras él integraba la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado. La COTARC tenía la misión de controlar la tarea de ese profesional, que era inspector de la millonaria obra.La nota de Romero Oneto ingresó ayer a la Legislatura y cada bloque recibió una copia. En la reunión de Labor Parlamentaria de hoy al mediodía -antes de la sesión ordinaria- se decidirá los pasos a seguir. De todos modos, fuentes legislativas evaluaron ayer que esto “allana el camino” y que la Sala Acusadora de Juicio Político se reunirá a la brevedad, viernes o lunes, para determinar el desafuero, finalmente, lo antes posible.La nota que Romero Oneto le envió ayer a la presidenta de la Cámara de Diputados, Norma Durango consta de una carilla. “Renuncio expresa y voluntariamente a los fueros que me otorga el cargo de Fiscal General de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de esta Provincia, con el objeto de presentarme espontáneamente ante el Sr. Juez requeriente”, dice uno de los párrafos del escrito. El sospechado fiscal explica que con la decisión de renunciar a los fueros quiere “evitar el dispendio de actividad legislativa que significaría el tratamiento de la rogatoria judicial”. El fiscal le envió también una nota al juez Jorge en la que le comunica la decisión que tomó y le pide que “le fije fecha y hora para la toma de la indagatoria”. GiroLa explicación al giro en la actitud del titular de la FIA, que antes había sorteado ya tres pedidos de juicio político por el mismo tema, protegido por la mayoría justicialista, puede encontrarse en el desgaste sufrido por el funcionario y por la debilidad en la que lo sumió el actual contexto político, luego de las elecciones internas del PJ, el 1 de julio, que sepultaron el poder del marinismo.Cabe recordar que Romero Oneto fue designado por el ex gobernador Rubén Marín en los últimos meses de su gestión, antes de dejar el Centro Cívico. El nombramiento llegó contra viento y marea, a pesar de los cuestionamientos que apuntaban a la vinculación con el poder y la falta de independencia del nuevo funcionario, y también de la paradoja de que la FIA era un organismo que se creó en la reforma constitucional del ‘94 y, hasta ese momento, nunca se habían preocupado en poner en funcionamiento.El juez Jorge decidió convocar a Romero Oneto como imputado, en calidad de sospechoso de haber cometido un delito, luego del requerimiento del fiscal Guillermo Sancho, en la causa que investiga el pago de más de 40 cheques, en forma mensual, por parte de Carlos Oppezzo.La Sala Acusadora de Juicio Político, haciendo valer el polémico doble voto de la presidencia, el PJ ya había rechazado en tres oportunidades denuncias por la misma situación contra el titular de la FIA. El dirigente gremial Omar Lara, ex CTA, fue el primero que hizo el planteo.Sin embargo, ahora, como es la primera vez que Romero Oneto acepta que se remuevan los escollos para ponerse a disposición de la Justicia, es un hecho que el desafuero se votará rápidamente.La nota de Romero Oneto, evaluaron ayer en el bloque del PJ, llega en un momento oportuno. De lo contrario, la Sala Acusadora tiene un plazo de 30 días para analizar el pedido y los tiempos para resolver el desafuero podrían haberse extendido y el desarrollo del proceso coincidir con los tiempos de la campaña electoral para las elecciones de octubre.