Néstor Kirchner confirmó ayer a María Teresa Fernández de la Vega que el gobierno argentino no sólo compensará económicamente a las pesqueras españolas radicadas en Puerto Deseado cuyas sedes administrativas fueron destruidas el 20 de julio pasado. Además, el Presidente le aseguró a la enviada especial de José Luis Rodríguez Zapatero que los responsables de la embestida serían juzgados y eventualmente se les aplicaría el Código Penal, con lo que podrían perder su libertad. Esta medida había sido solicitada -vía documento- al gobierno argentino por el cluster de empresas pesqueras radicadas fuera de la Unión Europea. Si esto ocurre, sería un dato inédito para el gobierno de Néstor Kirchner. Con esto, el argentino cumplió con la promesa que en su nombre le había hecho Cristina Fernández el 24 de julio a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la senadora viajó a Madrid en su gira como candidata a la presidencia. Fue la propia vicepresidentadel gobierno español la que dijo ayer públicamente que el Estado argentino establecerá «mecanismos de compensación» para las empresas pesqueras españolas que sufrieron destrozos durante protestas gremiales en Puerto Deseado. La representante del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo dijo ante periodistas después de haberse encontrado con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno, y ante una particular insistencia de los enviados de los medios españoles. El mensaje que quiso dejar De la Vega es que hay que esperar y ser pacientes para que la promesa del argentino se cumpla en los próximos meses.
Compromiso Según la vicepresidenta, el gobierno argentino «se ha comprometido a establecer mecanismos para compensar los daños en el corto plazo y en el futuro». Calificó, además, de « injustificables y vandálicos» los destrozos que se registraron en Puerto Deseado (ver aparte). Fernández de la Vega explicó que Kirchner le aseguró que existe un «compromiso de llegar hasta el final con la investigación y el castigo» a los responsables de los hechos y que la promesa incluye impulsar, a través de los fiscales intervinientes, que la causa que se lleva adelante por ese tema siga adelante. Admitió que «en la primera fase», cuando se registraron los hechos, no intervino el gobierno nacional a través de las fuerzas de seguridad, pero que «la misma noche» en que se produjeron los incidentes, la Nación realizó acciones sobre el conflicto. «El gobierno condenó el hecho y estableció medidas de seguridad», afirmó en aparente actitud de asumir que lo que se le dijo en Buenos Aires es preciso. Si se cumplieran las promesas que Kirchner le hizo a la enviada de Zapatero a la Argentina, el gobierno local debería disponer de más de 100 millones de euros para reparar los daños de las seis pesqueras españolas: Arbumasa, Argenova, Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira. El cálculo parte de las mismas compañías sobre la base de los problemas materiales y las pérdidas generadas por los días en que las empresas no pudieron operar en Puerto Deseado y que derivaron en no poder cumplir con los compromisos generados con los clientes. Según denuncias de las empresas, éstos terminaron por comprar productos en otros destinos, multiplicando las pérdidas. Algunas de las empresas incluso comenzaron a deslizar la posibilidad concreta de abandonar el país. Si finalmente Kirchner cumpliera con el compromiso asumido ayer y aplicara el Código Penal por daño a la propiedad privada, algunos rebeldes a los marítimos afiliados al SOMU, que en teoría maneja el ahora moyanista Omar «Caballo» Suárez», podrían ser los primeros dirigentes sindicales argentinos en ser juzgados por el Estado nacional por desmanes a la propiedad privada. Fernández de la Vega confirmó que insistió ante Kirchner en «la necesidad» de que se restituyan medidas de seguridad para «garantizar la seguridad de los bienes y las personas» en Puerto Deseado.
Compromiso Según la vicepresidenta, el gobierno argentino «se ha comprometido a establecer mecanismos para compensar los daños en el corto plazo y en el futuro». Calificó, además, de « injustificables y vandálicos» los destrozos que se registraron en Puerto Deseado (ver aparte). Fernández de la Vega explicó que Kirchner le aseguró que existe un «compromiso de llegar hasta el final con la investigación y el castigo» a los responsables de los hechos y que la promesa incluye impulsar, a través de los fiscales intervinientes, que la causa que se lleva adelante por ese tema siga adelante. Admitió que «en la primera fase», cuando se registraron los hechos, no intervino el gobierno nacional a través de las fuerzas de seguridad, pero que «la misma noche» en que se produjeron los incidentes, la Nación realizó acciones sobre el conflicto. «El gobierno condenó el hecho y estableció medidas de seguridad», afirmó en aparente actitud de asumir que lo que se le dijo en Buenos Aires es preciso. Si se cumplieran las promesas que Kirchner le hizo a la enviada de Zapatero a la Argentina, el gobierno local debería disponer de más de 100 millones de euros para reparar los daños de las seis pesqueras españolas: Arbumasa, Argenova, Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira. El cálculo parte de las mismas compañías sobre la base de los problemas materiales y las pérdidas generadas por los días en que las empresas no pudieron operar en Puerto Deseado y que derivaron en no poder cumplir con los compromisos generados con los clientes. Según denuncias de las empresas, éstos terminaron por comprar productos en otros destinos, multiplicando las pérdidas. Algunas de las empresas incluso comenzaron a deslizar la posibilidad concreta de abandonar el país. Si finalmente Kirchner cumpliera con el compromiso asumido ayer y aplicara el Código Penal por daño a la propiedad privada, algunos rebeldes a los marítimos afiliados al SOMU, que en teoría maneja el ahora moyanista Omar «Caballo» Suárez», podrían ser los primeros dirigentes sindicales argentinos en ser juzgados por el Estado nacional por desmanes a la propiedad privada. Fernández de la Vega confirmó que insistió ante Kirchner en «la necesidad» de que se restituyan medidas de seguridad para «garantizar la seguridad de los bienes y las personas» en Puerto Deseado.
