La Justicia confirmó que el interventor del Ente Regulador de Autopistas, Claudio Uberti, y el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, aparecen en la lista de pasajeros que ingresaron al país junto al venezolano con una valija de 800.000 dólares sin declarar. Uberti es uno de los hombres clave de la cartera de Planificación que dirige Julio De Vido.La información fue ratificada por la fiscalía en lo Penal Económico número 4 que, a través de una investigación preliminar, intenta ahora saber si hay algún tipo de vinculación entre los pasajeros y si, en definitiva, se cometió algún delito más allá de la mera infracción aduanera. Tras dos días de silencio oficial sin precedentes, llegó esta tarde la primera comunicación por parte de la petrolera estatal Enarsa. La empresa pública relató a través de un comunicado de prensa que en el avión en el que llegó el venezolano de apellido Antonini Wilson, propietario de la maleta sospechosa, viajaban además Uberti, Espinoza, Victoria Bereziuk, personal de relaciones públicas, y otras autoridades de PDV S.A.: Ruth Berhrrenes (funcionaria de PDV S.A. en Uruguay), Wilfredo Avila, la asesora jurídica Nelly Cardozo y el hijo del vicepresidente de PDV S.A. Daniel Uzcateguy Speech junto a un acompañante. La denuncia. Uberti fue denunciado hoy penalmente en la Justicia por el peronista bonaerense Ricardo Mussa, varias veces candidato a Presidente y recayó en el juzgado federal número dos de Jorge Ballestero. Mussa solicitó que se investigue si Uberti integraba el grupo de personas que arribó al país junto al misterioso venezolano. Ayer se pudo corroborrar que el misterioso visitante venezolano Antonini Wilson llegó en un avión Cessna 750 X, registrado a nombre de una empresa norteamericana de taxis aéreos. Las versiones. Una primera versión indicaba que el visitante había afirmado que formaba parte de la comitiva del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero esa información fue enseguida desmentida por la Aduana y, ayer, por el propio mandatario bolivariano. "Es absolutamente falso de toda falsedad", dijo, en una conferencia de prensa que dio en el Hotel Sheraton, sobre la posibilidad de que el visitante integrara su comitiva. Y atribuyó ese dato al "plan del imperio [norteamericano] de perturbar" sus viajes. El venezolano llegó a las 3 de la madrugada del sábado a bordo de una avioneta proveniente de Caracas. Ingresó en el país junto con otros venezolanos y funcionarios argentinos. Sus compañeros de viaje pasaron con éxito el control aduanero. Una de sus valijas, en cambio, generó sospechas. Al abrirla, los agentes de la Aduana encontraron 800.000 dólares prolijamente acomodados y enseguida decidieron retener el dinero. La ley establece que se debe declarar todo ingreso superior a 10.000 dólares. De acuerdo con una primera información, el visitante juró que en la valija llevaba libros. Ayer, fuentes de la Aduana dijeron que cuando le preguntaron sobre el contenido del maletín, el venezolano dijo la verdad. Fuentes de la Aduana informaron a LA NACION que el ingreso del dinero no es un delito sino una mera infracción aduanera, que se castiga con una multa equivalente a la mitad del dinero decomisado. Hasta ayer, el ciudadano venezolano no había pagado la multa de 400.000 dólares, por lo que tampoco había podido retirar los 400.000 restantes. Otros funcionarios en la mira. La investigación respecto de la situación de Uberti se suma a la de otros funcionarios complicados. La ministra de Defensa, Nilda Garré, y la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, deberán declarar en los próximos días como sospechosas en el marco de dos causas distintas. Por su parte, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, es investigada por la presunta comisión de irregularidades y, por supuestas anomalías en el Indec, el fiscal Carlos Stornelli pidió que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y las funcionarias Beatriz Paglieri y Ana María Edwin declaren como sospechosos de adulterar los índices de precios. En tanto, se espera la definición de las situaciones procesales de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, los dos funcionarios echados del Gobierno por el caso Skanska.
fuente: La Nación
