Complica un affaire por 800 mil dólares de Venezuela

El caso Miceli puede ser, en horas, apenas una anécdota marginal si la investigación del asunto del valijero venezolano escaneado con u$s 800 mil en Aeroparque el sábado a la madrugada, confirma que estaba acompañado por un argentino notable: sería el negociador con Venezuela Claudio Uberti, además presidente del ente que controla las autopistas. Ese funcionario sería uno de los cinco pasajeros del avión privado que fue sorprendido por una inusual revisión aduanera que no tendría necesariamente que saber lo que llevaba su compañero de viaje en esa valija. El portador de ésta dijo que eran libros. No, eran «ladrillos», pero de dólares. Resuelto, como si no fueran de él, el valijero bromeó a los gritos ante los vistas de aduana con el apellido del destinatario de ese dinero. Un superior de él en el gobierno, diría que la investigación le estallará en la cara al gobierno en pocas horas. Desde Caracas llegaron, inevitables, los primeros comentarios de la oposición a Hugo Chávez que sugieren que los u$s 800 mil incautados al venezolano en Aeroparque sin previa declaración se trataría de dinero aportado por el gobierno de Caracas a alguna campaña electoral, como podría ser la del oficialismo. ¿Necesita esa plata, por ejemplo, una Cristina de Kirchner? No es imaginable, por la cantidad de recursos con que cuenta el gobierno para atender sus necesidades electorales y por cómo los dispone. Pero la codicia es infinita, además de que con dinero se pueden pagar gastos inconfesables y también en negro. Alimenta el misterio el silencio del gobierno argentino, tan locuaz cuando quiere destacar la corrupción ajena, que mantiene en silencio a los vistas de aduana y a los ministros responsables del procedimiento, el deslenguado Aníbal Fernández (manda en la Gendarmería) y el silente Alberto Iribarne (abajo de él está la UIF). Si se confirma que hay funcionarios públicos involucrados, la mudez tiene explicación. Para colmo, cierto apresuramiento hizo que interviniera un juez en lo penal económico, cuando le correspondía a otro fuero. Esa confusión podría provocar la anulación de todo lo actuado hasta ahora. El ingreso de dinero en efectivo «negreado» en el exterior -otra hipótesis de los investigadores- además es un trámite clásico de la política argentina. Cuando las autoridades necesitan manejar dinero fuera de todo registro, se suele emplear el procedimiento de girar sumas en blanco al exterior justificadas en pagos, por ejemplo, a organismos internacionales. Ese dinero sale autorizado por decretos o resoluciones y es cobrado por agentes del Estado en el exterior que se encargan de traerlo de vuelta al país, ya «negreado». El despliegue de medios (custodias, acompañantes, reservas de hoteles, uso de automóviles, etc.) que hace el presidente de Venezuela seguramente está financiado con fondos públicos de ese país. ¿Pero por qué no pensar -si fuera dinero del gobierno de Chávez-que haya también que pagar regalos, o emergencias médicas en viaje, que es como justificó un empresario español del juego a quien le descubrieron a fines de 2006 más de 500 euros acondicionados en varios jamones de jabugo? Si el valijero hubiera sido un portavalores oficioso, ¿no lo sabían las autoridades de los dos países? ¿O lo sabía quien no lo debía saber y dio el aviso a los aduaneros para montar un escándalo que no va a terminar fácil? Se trataría en ese caso de otro affaire Miceli, es decir, otro round de una guerra de funcionarios para perjudicar a la ministra y a todo lo que se le parezca. Esperable que el misterioso valijero de Aeroparque ingresase en la leyenda política. Los dólares incautados por la Aduana fueron depositados ayer por la Gendarmería en una cuenta en dólares que se abrió ad hoc en el Banco Nación. Las autoridades aduaneras argentinas intentaron ayer, como el gobierno de Hugo Chávez, quitarle cualquier ingrediente político al insólito caso. El embajador de ese país en Buenos Aires y el propio Hugo Chávez acusaron a los Estados Unidos de hacer circular la versión de que se trataría de un funcionariodel gobierno bolivariano. «Entró con pasaporte común, no intentó ocultar el dinero, que iba en una valija común que el viajero abrió a la primera requisitoria», dijo un vocero del gobierno. Ninguno de los relatos disponibles incluye la identidad del visitante. La autoridad del procedimiento le impuso una multa por «infracción aduanera» -no contrabando ni lavado de dinero-y le confió hasta ayer el dinero a la Gendarmería, hasta que el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, mandó a hacer el depósito y le pasó el sumario por esa infracción a Rosa Falduto, jefa de la UIF (Unidad de Información Financiera), una oficina del Ministerio de Justicia que tiene la facultad de hacer o no una denuncia penal que hasta anoche nadie había radicado. La multa que se le impuso es de 50% del dinero incautado, que se devolverá en dólares. La girará Aduanas a Rentas Generales, pero pesificada.
fuente: Ambito Financiero