La ministra de Defensa, Nilda Garré, fue citada a declaración indagatoria para el 7 de septiembre próximo por el supuesto delito de contrabando por el juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia. La decisión judicial fue confirmada a LANACION.com por el abogado de la funcionaria Pablo Jacoby, quien adelantó que la defensa planteó la recusación del magistrado, que está siendo analizada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. El juez, que investiga el posible contrabando de armas a Estados Unidos, podría ser suspendido el próximo jueves por el Consejo de la Magistratura, que analizará en una sesión plenaria un dictamen acusatorio que pesa contra el magistrado y decidirá si dispone una suspensión en el cargo por 180 días. Hace seis meses Tiscornia inició una investigación sobre un embarque de 6739 kilogramos de piezas fusiles que iban a ser exportadas a una empresa perteneciente a un ciudadano argentino que vive en Connecticut, Estados Unidos. La Aduana evitó la salida del país del material, que iba a exportarse a un valor de sólo 2664 dólares, lo cual abonó las sospechas sobre una subfacturación. Para entonces, Tiscornia ya afrontaba acusaciones ante el Consejo, cuyos miembros oficialistas aprobaron ahora un dictamen que podría determinar la suspensión del juez a partir del próximo jueves y en el marco de una investigación por una posible tentativa de cohecho. Otros funcionarios en la mira. Garré no es la única funcionaria del Gobierno complicada. La ex ministra de Economía Felisa Miceli deberá declarar como sospechosa el jueves 23 del actual por el misterioso hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho. La convocatoria de la ex funcionaria había sido pedida por Marijuán el 16 de julio, presentación que derivó, ese mismo día, en la renuncia de Miceli. Por su parte, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, es investigada por la presunta comisión de irregularidades. Por supuestas anomalías en el Indec, el fiscal Carlos Stornelli pidió que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y las funcionarias Beatriz Paglieri y Ana María Edwin declaren como sospechosos de adulterar los índices de precios. En tanto, se espera la definición de las situaciones procesales de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, los dos funcionarios echados del Gobierno por el caso Skanska.
fuente: La Nación
