La resolución del llamado a concurso para cubrir la secretaría del recientemente creado Juzgado de Faltas de la Primera Circunscripción Judicial tiene un punto que huele a discriminación. Dice textualmente el punto 4 de la acordada 2275 del Superior Tribunal de Justicia, dictada el 17 de octubre pasado: “tendrán preferencia aquellos postulantes que se hayan desempeñado bajo el régimen de pasantías o que revistan la calidad de empleados del Poder Judicial”.La frase no admite una doble interpretación, es bien clara. Quienes están o estuvieron dentro de la estructura del Poder Judicial gozan de ventajas frente a los que vienen de afuera y se desempeñan en la actividad privada. La conclusión es obvia: no hay para la veintena de postulantes igualdad ante la ley.La resolución está firmada por los cinco ministros del S.T.J., el presidente Eduardo Mariano Cobo y los vocales Víctor Luis Menéndez, Rosa Elvira Vázquez, Julio Alberto Pelizzari y Eduardo Fernández Mendía. El texto establece, entre otras pautas, que el concurso –que aún no se hizo– estará a cargo de un jurado integrado por la directora general de Administración del Poder Judicial, Elena Victoria Fresco, como presidenta; la secretaria técnica, Stella Maris Seoane; y el designado juez de Faltas, Miguel Angel Vagge.Pero lo novedoso no es sólo esa discriminación, sino que el breve texto hablando de preferencias no fue incluido en dos concursos similares efectuados este año para cubrir las secretarías de los juzgados civiles 2 y 5 de Santa Rosa. El primero fue llamado el 8 de junio y el segundo el 19 de abril, ambos también por acuerdos del Superior Tribunal. Incluso trascendió, aunque nadie confirmó oficialmente el dato, que el primero de esos concursos habría sido impugnado.Vagge fue designado en el Juzgado de Faltas luego de pasar el filtro de un concurso ante el Consejo de la Magistratura, en el que participaron seis candidatos. La creación del tribunal fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. El nuevo organismo tendrá a su cargo las contravenciones, las apelaciones de las resoluciones de contravenciones municipales y las quejas por denegación de ese recurso. Actualmente muchos de esos expedientes están radicados en los juzgados de instrucción y en lo correccional. La ley de creación fue publicada en el Boletín Oficial hace casi un año.El concurso prevé un puntaje máximo de 40 puntos por antecedentes, 40 por la oposición propiamente dicha, 15 por el coloquio y 5 por los conocimientos generales de computación.El año pasado el S.T.J. anuló el concurso para cubrir la secretaría de la Procuración General ante la sospecha del presunto direccionamiento que habría hecho el ex procurador Juan Carlos Gay a favor de uno de los postulantes. En el segundo llamado se cambió el jurado y el método de corrección de los exámenes.
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