Pasaron ocho días de juicio y 29 testigos. Ya no queda mucho por escuchar, por más que el martes 27 se oirá a los dos testigos que faltan en la megacausa del IPAV. El nudo principal a desatar de la madeja en que se convirtió el supuesto desvío de casi un millón de pesos, parece ser si los fondos que el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda recibió de Nación entre 1999 y 2003 –para construir casas– debían o no pasar por los organismos de control provinciales. Si la respuesta del tribunal fuese afirmativa, caerían los argumentos defensivos del ex vicepresidente ejecutivo Hugo Nelson Agüero y del ex gerente general Luis Edgardo Araniz. Si la respuesta fuese negativa, ambos podrían respirar más aliviados.Ellos dijeron que por ser el IPAV un ente autárquico gozaban de cierta discrecionalidad en el manejo de un porcentaje de esos dineros públicos. Funcionarios y ex funcionarios de Contaduría General de la Provincia y del propio Instituto testificaron lo contrario. A partir de esa opinión clave los jueces podrían avanzar después sobre si hubo asociación ilícita, sustracción de caudales y cohecho (pago de coimas). La cuenta corriente a la que se apunta en la investigación es la 13013/6, perteneciente a Tesorería, porque a ella habrían dejado de ingresar fondos. Esa era la cuenta recaudadora y proveedora general del Instituto y debían depositarse todos los recursos del organismo. El Tribunal de Cuentas admitió que nunca la controló porque desconocía su existencia.¿Cuáles son los fondos sospechados? Los que se recaudaban por cuotas de vivienda de los adjudicatarios, los gastos de inspección (el dos por ciento bruto de cada certificado de obra) y los incluidos en la planilla del adicional Fonavi.* Del total recaudado por las cuotas, el Banco Hipotecario habría dejado de ingresar a la Provincia un 15 por ciento porque el IPAV –fundamentalmente Araniz– ordenó que emitiera cheques para pagarle directamente a supuestos proveedores. El convenio que el BHN había firmado con la Provincia estipulaba que debía transferir quincenalmente y en forma automática el total de la recaudación, excepto un porcentaje por el servicio de cobro y por seguros, y esa suma debía ingresar a la cuenta 10313/6. El desvío de 695.000 pesos se habría cometido a través de 330 cheques –algunos librados a favor del propio IPAV y cobrados por ventanilla, y otros triangulados a través del club Rucalén–. La jueza que instruyó la causa, Verónica Fantini, sostuvo que el recupero de cuotas era “en forma indudable” un recurso del organismo. Un cheque de 10.777,50 pesos se habría usado para pagar una fiesta de fin de año.* Un parte de los gastos de inspección (264.000 pesos) no habría sido reingresado desde la cuenta de Habilitación a la de Tesorería. Además ese dinero habría salido sin que se dejara “validación alguna de ese movimiento” en la contabilidad del Instituto. * Sobre el adicional Fonavi se debate no sólo para qué fines se utilizó, sino si podía o no ser percibido por personal ajeno al IPAV.Adicional.En el expediente, Agüero y Araniz se basaron en el artículo 19 de la ley 21.581 sobre el Régimen de Financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda, dictada en 1977, para justificar pagos arbitrarios por medio del llamado adicional Fonavi, pues admitieron no existía una reglamentación específica acerca de cómo y a quién abonarlo. Ese artículo dice que “las provincias o sus organismos actuantes” recibirán una comisión de no más del 3 por ciento de los “desembolsos y recuperos provenientes o con destino al Fonavi”.El espíritu de la norma era que esos fondos públicos se destinasen a cuestiones relacionadas con las viviendas y no a cualquier cosa. Algunos testigos afirmaron que ese mecanismo cambió a partir del Pacto Federal firmado en 1992, por el cual las provincias recuperaron el manejo directo del Fonavi.A través del adicional le habrían pagado a una arquitecta amiga y/o socia de Agüero y al contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Naval, quien está imputado por cohecho. Las sospechas apuntan a que los 400 pesos mensuales que percibió habrían sido una coima, aunque él aseguró que se trataba de una contraprestación por las tres horas que se desempeñaba a la tarde en el IPAV ejerciendo los controles previos de los expedientes. Otra duda incorporada a la causa es si en el período mencionado el IPAV violó esa ley de financiamiento y superó ese 3 por ciento.Fantini y el fiscal que acusó, Eduardo Bazo Queirolo, llegaron a la conclusión, prima facie, que –entre otras cosas– con los fondos presuntamente desviados, Agüero se hizo pagar 50 pesos del arreglo de un calefactor en su departamento y otros 100 mensuales para que su secretaria se lo limpiara (ella lo desmintió en el juicio y ahora afronta una causa penal por presunto falso testimonio).
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