La Sala Acusadora le pidió a la Sala Juzgadora que destituya al fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, en el marco del juicio político que se le sigue por los 59 cheques que cobró de Carlos Oppezzo cuando él era asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, y éste contratista del Estado por sus tareas como director técnico y jefe de inspectores de la obra. El diputado Mario Cayre, al sostener la acusación, dijo que Romero Oneto "ni siquiera actuó con lealtad" y que "ahora se desnudó la fragilidad de las explicaciones" que ofreciera en los dos juicios políticos anteriores, por algunos de esos mismos cheques, y de los que salió airoso por los votos del PJ.Por primera vez, desde el regreso a la democracia en 1983, un pedido de juicio político llegó tan lejos. Todos los anteriores fueron frenados por la Sala Acusadora. Ahora no. Posiblemente porque el oficialismo decidió quitarle el respaldo a un funcionario que él nombró, y seguramente porque el propio Romero Oneto no hizo demasiado como fiscal para demostrarle a la sociedad que es idóneo para ejercer el cargo. Por eso fue el debut de la Sala Juzgadora en 24 años.¿Cómo se llegó hasta esa instancia? A partir de una solicitud del juez de instrucción, Carlos Jorge, a la Legislatura para que le levantaran los fueros a Romero Oneto y así poder indagarlo como sospechoso en la causa penal donde investiga el cobro de los 59 cheques. La Cámara dispuso por mayoría que el requerimiento debía pasar a la Sala Acusadora -la minoría sostuvo que simplemente había que quitarle las inmunidades para que Jorge pudiera citarlo a indagatoria- y ésta resolvió avanzar con el juicio. Por eso lo acusó por la causal constitucional de presunta comisión de un delito (no especificado), lo suspendió en sus funciones, le quitó los fueros y le impidió cobrar temporariamente el sueldo. Y ayer terminó de dejarlo groggy cuando pidió la destitución a través de sus dos miembros informantes, la presidenta de la Sala, Antonia Alegre (PJ) y el opositor Cayre (FRAP). Romero Oneto tiene que ir el próximo jueves a las 10, a contestar la acusación y ofrecer prueba. Si no lo hace, será declarado en rebeldía, pero el juicio continuará.Juramento.La primera parte de la sesión fue pura formalidad. Juraron el presidente de la Sala Juzgadora, César Ballari (PJ) y los restantes 19 diputados: Marta Cardoso, Jorge Feliú, Rodolfo Iturrioz (no se quedó a escuchar la acusación), María Patricia Lavin, Alicia Ré, Roberto Robledo, Mara Schattenhofer, Antonio Vicente, José Carlos Pérez y Elsa Labegorra (PJ); Ricardo Consiglio, Delia Braun, María Josefina Díaz y Carlos Faus (FRAP); José Luís Ananía (ARI-PS); Juan Carlos Scovenna (ARI); Delia Esther Gette (FV) y César Ignacio Rodríguez y Héctor Mariani (CPF).Un detalle: los integrantes de la Sala Acusadora, excepto Alegre y Cayre, no estaban obligados a concurrir, pero los justicialistas Jorge Lezcano y Oscar Pepa y el radical Julio Bergués asistieron. El único ausente fue Adrián Peppino (PS).La paradoja es que así como Pepa acusó a Romero Oneto estando procesado por fraude al municipio en la causa de los sobresueldos en las cloacas de Intendente Alvear, ahora Cardoso y Labegorra votarán si corresponde la destitución del fiscal estando ambas procesadas por sustracción de caudales públicos en la causa de los "viajes fantasmas".Después de la jura, el secretario ad-hoc de la Sala Juzgadora, José Sappa, leyó la resolución de la Sala Acusadora contra Romero Oneto, es decir el mismo dictamen que se conoció hace una semana. Allí dice que es "inconveniente" que Romero Oneto siga en el cargo, que existen "sospechas suficientes" para pensar que pudo haber cometido un delito, que no ofreció explicaciones claras en su descargo, que la "vaguedad e indeterminación" de los motivos acusatorios no es razón para impugnar el proceso porque se trata de un juicio político y no de uno penal y, además, que en ningún momento se violó el derecho de defensa. Por lo tanto, concluyó que alguien que tiene como función investigar las conductas administrativas de funcionarios y agentes que pudieran constituir una irregularidad o un delito, y él mismo está sospechado, no puede permanecer en el cargo.Hechos nuevos.Al momento de formular la acusación, Cayre fue más punzante que Alegre. Esta expresó que el descargo que presentó Romero Oneto ante la Sala Acusadora no tuvo la "fortaleza necesaria" para revertir la acusación y que, por consiguiente, no puede seguir ocupando "un cargo alto y de tal responsabilidad política". Añadió que el cuerpo actuó con "imparcialidad y rectitud", y enfatizó que el propio fiscal pidió que le quiten las inmunidades para poder declarar en la justicia ordinaria.Cayre hizo hincapié en que se conocieron "hechos nuevos" en comparación a los dos juicios políticos que afrontó Romero Oneto -por haber cobrado dos y cinco cheques de Oppezzo, respectivamente- y de los que zafó porque el justicialismo impuso el polémico y supuesto ilegal doble voto de la presidencia. No obstante, esos hechos nuevos fueron denunciados por este diario cuando publicó un facsímil con los cheques que el fiscal percibió de Oppezzo en los últimos meses de 2003.El legislador machacó al principio en el pedido del fiscal Guillermo Sancho a Jorge para que indague a Romero Oneto. La fiscalía habló de la situación de contratista de Oppezzo, de que el titular de la F.I.A. cobró personalmente varios de los 59 cheques y de que el 5 de mayo de 2003 llegó a ser designado coordinador de la Cotarc e igual siguió percibiendo esos documentos."Hay hechos nuevos que no fueron investigados (en los juicios políticos anteriores)", sostuvo el frapista. "Sólo se conocía que había cobrado unos pocos cheques, pero ahora aparecen números cuantiosos de los que no se tenían noticias. Y menos aún que había recibido cheques, ya no como asesor, sino como coordinador de la Cotarc", añadió. Por eso Cayre remarcó que "existe una incompatibilidad ética absoluta y un alto grado de probabilidad de que haya cometido un delito".El diputado opositor recordó que Romero Oneto admitió que había percibido "tres o cuatro cheques por asesoramiento profesional"; en cambio "calló por completo la existencia de pagos regulares, mensuales y consecutivos durante cinco años". Para él los hechos nuevos son "los 59 cheques, la modalidad y los pagos mensuales, algunos de ellos posteriores al 2003".El frapista le imputó al fiscal que "ni siquiera actuó con lealtad" ante la Sala Acusadora, ya que en su descargo ofreció argumentos "apartados de la realidad (...) su silencio en cuanto a cantidad y modalidad de los pagos, le permitió desfigurar la razón por la que cobró los pocos cheques por entonces conocidos". "Ahora se desnudó la fragilidad de las explicaciones" que dio en los dos procesos previos, aseveró.Cayre concluyó la acusación diciendo que el juicio político es "un mecanismo de saneamiento institucional" y pidió "apartar definitivamente (a Romero Oneto de la fiscalía) porque hay motivos más que suficientes para su destitución".
La Arena
