"Todos los gastos deben ser controlados"

El gerente Faccipieri sostuvo, además, que los gastos de inspección son fondos provinciales, que el adicional Fonavi sólo deben cobrarlo los empleados y que no vio a Naval trabajando en el Instituto.La cuarta jornada del juicio oral y público por la megacausa del IPAV permitió escuchar a cuatro testigos. Dos, con peso político, hablaron bastante y contradijeron muchas de las afirmaciones de los imputados. Y otros dos, proveedores del Instituto, no aportaron demasiado.María Teresa Tullio, contadora general de la Provincia durante los últimos siete años, fue la funcionaria que el 31 de enero de 2000 le entregó una nota al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, por su condición de presidente del IPAV, con las irregularidades que una auditoría había detectado en el organismo (ver aparte). Ella dijo que con esa nota había cumplido con su responsabilidad, pero paradójicamente fue ese papel el que la que terminó involucrando en otra causa judicial, derivada de ésta, de la que salió libre de culpa y cargo. Algo similar ocurrió con Franco, pero la jueza de instrucción, Verónica Fantini, consideró que no tuvo "influencia" para evitar el presunto desvío de fondos por 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003. El desvío que se investiga se habría cometido a través de las cuotas que pagaban los adjudicatarios de vivienda (el Banco Hipotecario, por orden del IPAV, no le giró la totalidad de la recaudación) y de los gastos de inspección (parte de ese dinero no fue reingresado por la cuenta de Habilitación a la de Tesorería del IPAV). Los principales imputados han sostenido que esos fondos, por ser nacionales, no estaban sujetos a todas las leyes de la contabilidad provincial.Los siete imputados del caso son el ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Hugo Nelson Agüero; el ex gerente general, Luis Edgardo Araniz; la ex jefa del departamento de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez; el ex tesorero Wálter Raúl García; el ex jefe de Compras y Licitaciones y ex presidente del club Rucalén, Juan Cono D'Amico; la ex jefa de Habilitación, Susana Beatriz Mansilla; y el contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval.Zonas grises.Tullio, al referirse a los fondos nacionales que recibía el Instituto para construir vivienda, señaló que "no teníamos acceso directo y, por lo tanto, el control era limitado porque ellos (los funcionarios del IPAV) hacían valer la autarquía" que tiene el organismo. Habló de "agujeros" y "zonas grises" en las normativas vigentes porque "cuando teníamos acceso a la información, los certificados (de obra) ya estaban pagados. Y cuando algo está pagado, es poco lo que se puede controlar. Igual, cuando nos llegaban, hacíamos observaciones".La testigo sostuvo que "ese procedimiento va en contra de la Ley de Contabilidad (de La Pampa), pero cuando se trata de un convenio con Nación, aprobado a través de una ley por la Legislatura, hay que aceptarlo; aunque lo ideal es que todos los fondos ingresen a la provincia y sean manejados por Tesorería".- ¿Se puede gastar sin partida presupuestaria, como se hacía en el IPAV?, preguntó el fiscal Mario Bongianino.- La ley dice que no.Con relación a los pagos a través de la planilla del adicional Fonavi, Tullio expresó que no podía pagársele a personal ajeno al IPAV, "aunque ellos decían que sí, que podían contratar personal. Nosotros hicimos observaciones".- ¿Usted habló con alguien del IPAV sobre la auditoría de 1999?- No, pero le entregué el informe al presidente (Franco).- ¿En la administración pública puede haber compensaciones? (NdeR: eso había afirmado Araniz).- No, está prohibido. Sólo pueden efectuarse en un convenio que sea aprobado por ley.Más adelante, hubo preguntas sobre si las objeciones de aquélla auditoría podían haberse subsanado. En algunos casos Tullio dijo que sí. Andrés Olié, defensor de Agüero, le hizo notar que cuatro años después, otra auditoría remarcó que se seguían cometiendo algunos mismos errores, y que a pesar del paso del tiempo no habían sido corregidos.La ex contadora general admitió que, además de a Franco, pudo haber informado de las conclusiones de la auditoría de 1999 al Tribunal de Cuentas. Araniz, al declarar, había dicho que "si Tullio hubiera cumplido con sus obligaciones, hoy no estaríamos hablando de esto"."No le pagamos".Walter René Faccipieri asumió como gerente contable-financiero del IPAV a fines de 2003. Con sus principales respuestas desmintió varias de las expresiones de los principales imputados, incluso aquello de que en la gestión vernista no se modificaron los mecanismos de pago y la liquidación del adicional Fonavi.Faccipieri manifestó que el dos por ciento de los gastos de inspección debieron ingresar a la cuenta de Tesorería de Vivienda, algo que no ocurrió durante el marinismo. Remarcó que "una vez que se hacían las retenciones, pasaban a ser fondos provinciales. Lo mismo ocurre con el dinero que el Hipotecario recauda por las cuotas de los adjudicatarios".De la operatoria del BHN indicó que actualmente ingresa al IPAV el total de la recaudación de las cuotas, excepto los montos correspondientes a la comisión del banco y algunos seguros (30.000 pesos mensuales). No obstante, aclaró, que presupuestariamente queda asentada la recaudación bruta como recurso y las comisiones como gastos.Dijo que en los últimos años no hubo modificaciones sustanciales en los controles que ejerce el Tribunal de Cuentas, pero enfatizó que "nunca vi, ni supe, que (Naval) ejerciera los controles previos" en el ámbito físico del IPAV. "Entendió que correspondía hacerlos en el Tribunal de Cuentas", acotó.- ¿Cómo le pagaron a Naval?- ¿Cómo, cómo le pagábamos? No correspondía, él era contador fiscal y no empleado del IPAV.Faccipieri habló del adicional Fonavi. Dijo que por sugerencia de "los organismos de control" -mencionó sólo a Contaduría- hoy los beneficiarios son exclusivamente empleados del IPAV y que el proceso de readecuación se completó en nueve meses. "No hay más planes, pasantes o personas ajenas al Instituto".Las sospechas son que Agüero y Araniz le pagaron a Naval una coima de 400 pesos mensuales durante diez años. Este último afirmó que lo cobró por las tres horas que trabajaba a la tarde en el IPAV cumpliendo su función de contador fiscal del TdeC, por la que estaba obligado a ejercer los controles previos de los expedientes. Las defensas le preguntaron por una nota, firmada por el gerente general, Raúl Larrea, autorizando a crear un fondo fijo mensual de 500 pesos. "Dudamos, pero fue tanta la insistencia de algunas personas, que Larrea firmó. Hoy está arrepentido. Igual los dineros no se erogaron porque fueron incautados por la jueza Fantini". El testigo identificó entre los "insistentes" a una sola persona: Rodríguez.- ¿Ese fondo fue para disponer dinero en efectivo?, preguntó Aguerrido.- Sí.Justamente una de las imputaciones de la acusación fiscal es que las presuntas maniobras de desvío se cometieron para obtener dinero en efectivo."Durante el primer año de gestión -contó Faccipieri- no se imaginan lo que fue trabajar en el IPAV. El 70 u 80 por ciento del tiempo, especialmente en mi área, lo destinamos a responder los pedidos de la justicia".- ¿Algún gasto del IPAV puede escapar los controles?, quiso saber el juez Jorge Cañón.- No, así sean fondos provinciales o nacionales, o así tengan que ser controlados por Contaduría o el Tribunal de Cuentas.Dos proveedores.René Ferrari, dueño de la constructora Iaco y adjudicatarios de obras en la época de Agüero y Araniz, contó que algunas veces le pagaron "pequeños montos" por resolver "emergencias" a pedido de las gerencias técnicas, los inspectores de obra y los dos ex funcionarios. Añadió que cobró cheques por Tesorería y recordó dos cheques fueron del Banco Pampa y uno del Hipotecario. Con el vernismo se mantuvo la modalidad de los arreglos de emergencia, pero "no los cobré, por eso dejé de hacerlos". Aseguró que nunca le propusieron cobrar más de lo que le correspondía.Jorge Freijanes, desocupado, y dueño del 33 por ciento de la empresa constructora TEI, relató que la firma entró en concurso de acreedores en 2001 y que a partir de ese momento el IPAV le entregó en forma directa "pequeñas reparaciones" en techos, pisos, tanques, etc. Fueron órdenes verbales y cobró en Vivienda a través de cheques del B.L.P., aunque dejó bien en claro que nunca entregó facturas. Luego sufrió un infarto y dejó de trabajar. "Calculo que sigue siendo propietario del 33 por ciento de TEI", concluyó.
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