El juicio oral y público por la megacausa del IPAV empezó a cara de perro. Las defensas de los principales imputados fueron a fondo desde el primer día y pidieron todo lo que tenían a mano: el apartamiento de los jueces, la suspensión del proceso y la nulidad de la solicitud de elevación a juicio. El tribunal ni siquiera pudo saber si algunos de los siete imputados declararía; directamente pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para responder a esos cuestionamientos.El debate tiene una particularidad casi sin precedentes: pese a tratarse de una causa penal, la Cámara en lo Criminal 1 está conformada por tres jueces civiles, integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil (Carlos Perdigués, Graciela Martín y Jorge Cañón). A la insólita situación se llegó luego que los defensores Carlos Amado y Andrés Olié recusaran a los seis jueces que integran las dos cámaras criminales santarroseñas.La investigación, conocida como “hermana mayor” dentro de la megacausa, apunta a saber si existió un desvío de 960.456,21 pesos del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda entre 1999 y 2003. Las sospechas son que con esos fondos públicos se beneficiaron los imputados y/o terceras personas.En el banquillo de los acusados está la plana mayor del IPAV durante el marinismo: el ex vicepresidente ejecutivo Hugo Nelson Agüero, el ex gerente general Luis Edgardo Araniz, la ex jefa del departamento de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, y el ex tesorero Wálter Raúl García. Los cuatro deberán responder por dos delitos: asociación ilícita y peculado (sustracción de fondos públicos), presuntamente cometido a través de las operatorias Banco Hipotecario y gastos de inspección.A Agüero y Araniz también les imputan pago de coimas al contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval, entre enero de 1994 y diciembre de 2003, y al primero un cuarto delito, peculado de servicios, porque con dineros del Instituto habría abonado el arreglo de un calefactor de su departamento (50 pesos) y la limpieza de él (100 pesos mensuales).Los otros tres acusados son el ex jefe de Compras y Licitaciones y ex presidente del club Rucalén (perteneciente a los empleados del IPAV), Juan Cono D’Amico, como partícipe secundario de peculado en tres oportunidades; la ex jefa de Habilitación, Susana Beatriz Mansilla, por malversación culposa (falta de controles); y Naval por el cobro de coimas (cohecho pasivo). Este, en otra causa que se debate paralelamente, está procesado por violación de medios de prueba en perjuicio de la administración pública porque el 11 de agosto de 2004 ingresó al Tribunal de Cuentas y, supuestamente sin autorización, retiró documentación relacionada con la megacausa. El ha sostenido que el presidente del organismo, Natalio Peres, lo había autorizado verbalmente, pero éste lo negó.La operatoria denominada “gastos Banco Hipotecario” consistió en no ingresar a la cuenta 10313/6 del IPAV el total del monto recaudado por el Banco Hipotecario en concepto de cuotas pagadas por los adjudicatarios de viviendas. El dinero debía ser transferido automáticamente y en forma quincenal, pero de acuerdo a la acusación fiscal dejaron de ingresar 695.694,40 pesos. El B.H.N., a pedido del IPAV, habría librado 330 cheques para pagarle a proveedores y “lograr dinero en efectivo”. La justicia comprobó, prima facie, que hubo 124 pedidos firmados por los imputados. Araniz rubricó 111 pedidos, Rodríguez 7, García 2 y Agüero 1. Otra parte de los fondos habría sido enviada a la cuenta corriente del club Rucalén.Los gastos de inspección equivalían al dos por ciento del importe bruto de cada certificado de obra. Esa plata iba a la cuenta 11314/4 de Habilitación, a cargo de Mansilla, aunque en los hechos –según reconocieron ellos mismos– era manejada por Rodríguez y García. Una vez que Habilitación abonaba los pagos correspondientes a viáticos, comida, traslado, alojamiento, etc., y que no necesariamente debían ser por el total del dos por ciento, la diferencia debía reingresar a la principal cuenta recaudadora, la 10313/6. Sin embargo, habrían dejado de ingresar 264.761,81 pesos y parte de los fondos fue cobrado en efectivo por ventanilla.Ataques al tribunal.Una vez que el secretario de la Cámara 1, Nestor Ralli, leyó la elevación a juicio de las dos causas, la de la megacausa, a cargo del fiscal de primera instancia, Eduardo Bazo Queirolo, y la de Naval, a cargo de su colega Susana Alvarez, los defensores dispararon la artillería pesada.Amado, en nombre de Araniz, pidió la nulidad de la elevación a juicio de Bazo Queirolo porque los peculados (operatorias BHN y gastos de inspección) fueron considerados como dos grandes hechos y en “ciertos episodios” de uno de ellos el ex gerente fue sobreseído. “Si hubo sobreseimiento parcial no puede ser juzgado por ese hecho”, sostuvo. Y añadió que “además faltó una descripción clara y precisa de la totalidad de los hechos”.Amado remarcó que se violó la defensa en juicio del ex gerente y anticipó, que si le rechazan el planteo, llegará hasta la Corte Suprema. También pidió que se halle al testigo Jesús Mario Pereyra, ex gerente del Hipotecario, para que venga a declarar.José Mario Aguerrido, en representación de Rodríguez, fue un paso más allá y requirió la suspensión del proceso. ¿Cuál fue su argumento? Que Perdigués, Martín y Cañón no son jueces naturales de un proceso penal y que, por consiguiente, se violó el principio del juez natural. No les cuestionó su imparcialidad, pero sí su idoneidad porque “están preparados para resolver cuestiones específicas” en materia civil y no penal. A su vez tildó de inconstitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé este tipo de subrogancia cuando se apartan los jueces titulares de las dos Cámaras en lo Criminal de Santa Rosa.Además Aguerrido pidió que se incorpore como prueba una causa que se tramitó en el Juzgado de Instrucción 2, como derivación de la megacausa, y que el juez Pablo Balaguer archivó. De acuerdo a lo que Rodríguez le dijo a este diario, ese expediente demostraría que con el cambio de gobierno a fines de 2003 el sistema contable del IPAV no sufrió modificaciones.Olié, abogado de Agüero, adhirió a las palabras de Amado y solicitó que si ese planteo no fuera escuchado, se anule al menos parcialmente el cargo de peculado de servicios contra el ex vicepresidente porque no fue indagado por ese delito. Expresó que tampoco se le pueden imputar –y por eso pidió la nulidad– los peculados por las operatorias BHN y gastos de inspección ya que “él no administraba, disponía ni custodiaba esos fondos”.El defensor solicitó incorporar como pruebas dos causas judiciales derivadas de la megacausa. La que el juez Gustavo Jensen archivó por falso testimonio contra la ex contadora general de la Provincia, María Teresa Tullio, conocida como “hermana menor”, y la que el ministro de Economía, Ernesto Franco fue sobreseído por la jueza Verónica Fantini. Ambos expedientes tienen relación con una nota que Tullio le envió a Franco el 31 de enero de 2000, advirtiéndole sobre las irregularidades detectadas por auditores de Contaduría en los controles internos del IPAV. En aquella época Franco era el presidente del Instituto. Olié subrayó que lo que más le interesa en acceder al original del texto “para merituar las actitudes de los organismos de control” sobre el IPAV.La defensora oficial, Laura Armagno, abogada de García, se sumó a los planteos de Amado y Aguerrido y dijo que por una acordada del Superior Tribunal –en verdad referida a otro tema y no al orden de subrogancias– el tribunal podría integrarse con los tres camaristas penales de General Pico.¿Qué replicó el fiscal Mario Bongianino? Rechazó todos los planteos defensivos. Consideró “inoportuno” el pedido de Amado porque “se le venció el plazo para pedir la nulidad”, y agregó que “los hechos están claros, hasta en demasía fundados, porque para esta etapa sólo se exige una sucinta merituación”. Para rematarla, le contestó a Amado que está obligado a aportar datos para encontrar a Pereyra porque es un testigo de parte.A Aguerrido le contestó que el tribunal –con jueces civiles– se designó de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica y que la inconstitucionalidad de esa norma debió plantearla en la primera oportunidad que tuvo (al notificarse de la nueva constitución del tribunal) y no ahora. Y a Olié le endilgó recurrir a “una actitud dilatoria” al solicitar cosas que la propia Cámara 1 resolvió hace tres años.Un detalle: Bongianino, fiscal de Cámara, estuvo acompañado por el fiscal de instrucción Guillermo Sancho. ¿Por qué? “Porque es una causa muy compleja y hay múltiples imputados”, explicó. Detalló que esa situación está prevista. Pero nunca se había visto, al menos en los últimos 20 años. Otra curiosidad de la megacausa.
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