La Cámara en lo Criminal 1, integrada por jueces civiles y no penales, devolvió ayer golpe por golpe y negó a cuatro de los defensores que intervienen en la megacausa del IPAV todas las suspensiones, nulidades e incompetencias que habían planteado en la primera audiencia, y dispuso avanzar con el juicio oral y público que tiene siete imputados, entre ellos Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz, por el desvío de 960.456,21 pesos del organismo entre 1999 y 2003.Los acusados por los delitos de asociación ilícita y peculado (sustracción de fondos públicos), a través de las operatorias Banco Hipotecario y gastos de inspección, son el ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Agüero; el ex gerente general, Araniz; la ex jefa del departamento de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez; y el ex tesorero Wálter Raúl García. Los dos primeros también están sospechados de pagarle una coima de 400 pesos mensuales, entre 1994 y 2003, al contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval, y Agüero, además, de peculado de servicios porque se habría hecho pagar la limpieza y arreglos en su vivienda con plata del Instituto.Juan Cono D’Amico, ex jefe de Compras y Licitaciones y ex presidente del club Rucalén (perteneciente a los empleados del IPAV), está siendo juzgado como partícipe secundario de peculado en tres oportunidades; Susana Beatriz Mansilla, ex jefa de Habilitación, por malversación culposa (falta de controles); y Naval por cohecho (cobro de coimas) y, en una causa aparte, por violación de medios de pruebas, ya que habría retirado del TdeC, sin autorización, documentación de la megacausa.Por la operatoria “gastos Banco Hipotecario” habrían dejado de ingresar 695.694,40 pesos a la cuenta 10313/6, ya que el banco a pedido del IPAV habría librado cheques por esa suma, a pesar de que estaba obligado a enviar quincenalmente a Vivienda el total de lo recaudado en concepto de cuotas pagadas por los adjudicatarios de viviendas. Por “gastos de inspección”, equivalentes al dos por ciento bruto de cada certificado de obra, no habrían reingresado de la cuenta 11314/ de Habilitación a la cuenta 10313/6 de Tesorería 264.761,81 pesos.No, no y no.La audiencia de ayer comenzó con la lectura de la resolución dictada por la Cámara 1, rechazando todos los planteos defensivos formulados el lunes por los abogados Andrés Olié (Agüero), Carlos Amado (Araniz), José Mario Aguerrido (Rodríguez) y Laura Armagno (García). Este último es el único imputado que nombró a un defensor oficial.Amado había pedido la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y la búsqueda del testigo Jesús Pereyra, ex gerente del Banco Hipotecario. El tribunal le respondió que la solicitud era “extemporánea” porque el requerimiento fue formulado en tiempo y forma y que, como Pereyra es un testigo de parte –fue citado tres veces y no dio señales de vida–, él mismo debería aportar datos para localizarlo.Olié, que se había sumado al planteo de Amado, al igual que Armagno, sostuvo que su cliente no podía ser juzgado por el peculado de servicios porque no fue indagado por esos hechos. “La petición es inoportuna y, además, ni siquiera instó el sobreseimiento” por ese delito durante la instrucción, fue la respuesta del presidente del tribunal, Carlos Perdigués, a quien acompañan Graciela Martín y Jorge Cañón, tres jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que en este juicio actúan como subrogantes porque los seis camaristas penales de la ciudad se excusaron.Y a Aguerrido, que había planteado la suspensión del proceso y el reemplazo de ellos tres porque “no son jueces naturales”, le contestaron que el cuestionamiento debió hacerlo cuando se le notificó la conformación de la Cámara y que no se violó el principio de juez natural. El abogado había objetado la idoneidad de los jueces por tratarse de un juicio penal y no su imparcialidad.Dos en silencio.De los siete imputados, tres fueron llamados a declarar. Rodríguez y García se mantuvieron en silencio, amparándose en un derecho constitucional. El tribunal, a pedido del fiscal Mario Bongianino, leyó lo que había declarado el ex tesorero durante la indagatoria en la etapa de instrucción, que estuvo a cargo de la jueza Verónica Fantini. No hizo lo mismo con la de Rodríguez, a pedido de Aguerrido, aunque esa prueba también quedó incorporada.El que sí habló, largo y tendido, fue Araniz. Durante más de tres horas –la audiencia superó las cuatro horas–, el ex gerente general respondió todo lo que le preguntaron. Se defendió en base a tres ejes: a) que ningún organismo de control (Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Subsecretaría de Vivienda de la Nación) objetó los procedimientos internos del IPAV a pesar de que “tuvimos controles por todos lados”; b) que él ordenaba pagos, pero que no estaba entre sus facultades conocer cómo ejecutaba ese procedimiento el área contable, ni a través de qué cuentas y partidas, pese a que Tesorería y Habilitación dependían de la gerencia general; y c) que si algo se hizo mal, hubo muchos otros responsables que no hicieron nada para corregir los errores. Sobre la operatoria del Hipotecario dijo que consultó con Agüero y el ex asesor legal del IPAV, Fernando Gutiérrez, y que “se le pagó a gente que debía cobrar”. Sobre Gutiérrez agregó que Rodríguez le pidió insistentemente que redactara una reglamentación sobre los pagos, pero que no lo hizo porque “no podía, no quería o no correspondía”. Acerca de los gastos de inspección, Araniz expresó que “no eran de mi competencia”.El imputado defendió indirectamente a Rodríguez y García, pero no a Mansilla, como cuando manifestó que “el tesorero no paga, recibe y transfiere a pedido del habilitado para que éste pague”.Al ser consultado sobre las presuntas coimas a Naval, señaló que “los 400 pesos se pagaban a través de la planilla del adicional Fonavi y eran por las dos horas y medio que trabajaba a la tarde en el IPAV. Es descabellado pensar que fue sobornado”. Durante años esa suma figuró en la planilla Fonavi a nombre de Araniz, aunque la percibía Naval.Apunten, fuego.Araniz cuestionó a organismos y funcionarios porque nada hicieron para enmendar las supuestas irregularidades cometidas en el IPAV. ¿Qué dijo de cada uno?Tribunal de Cuentas: su presidente, Natalio Peres, declaró como testigo en la causa. “Me llama la atención que los funcionarios del Tribunal dijeran que no sabían que Naval ejercía sus funciones de control en el ámbito físico del IPAV, ya que por esa razón durante 10 años no fue ningún expediente del IPAV al Tribunal de Cuentas. Y eso que en esa época se construyeron los planes 5.000 y 3.000. El Tribunal no puede hacerse el distraído. Esto puedo probarlo.... si es que (los funcionarios que sean citados como testigos) contestan la verdad”.María Teresa Tullio, ex contadora general de la Provincia, que estuvo sospechada en la megacausa de falso testimonio: “si Tullio hubiese cumplido con su obligación y le hubiera comunicado las conclusiones de la auditoría al Tribunal de Cuentas, quizá hoy no estaríamos hablando de esto”, en alusión a que Contaduría ordenó en 1999 una auditoría en el IPAV donde detectó irregularidades. Una nota con esas conclusiones fue entregada por Tullio al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, el 31 de enero de 2000. En ese momento Franco era el presidente del Instituto. “Los resultados de la auditoría nunca nos fueron informados, aunque sí verbalmente y en forma parcial a Tesorería, ya que por ella se cambió la forma de liquidación”.Presidentes del IPAV: “La jueza Fantini pidió un listado de todos los presidentes, desde 1994 al 2003 y ahí se terminó la historia, a pesar de que ellos fueron los que firmaron las autorizaciones para los pagos del adicional Fonavi, entre ellos los pagos para Naval”. Entre 1994 y 1996 el presidente fue el ministro de Bienestar Social, Santiago Alvarez; entre 1996 y 2000, Franco; y entre 2000 y 2003, el secretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez.Fernando Gutiérrez, ex abogado del IPAV. Esta procesado en la “causa madre” de la megacausa e irá a juicio por el delito de defraudación a la administración pública, en grado de coautor. Allí se investiga un fraude por 629.000 pesos al organismo. “Yo declaré como testigo en la causa madre en febrero de 2004. Gutiérrez dijo que no hiciéramos la denuncia porque iba a deschavarse lo del Banco Hipotecario. Ese mismo mes citó a García a la siesta, en la laguna, para decirle que no hiciera la denuncia. Pero Rodríguez y García hicieron la denuncia (que desembocó en la megacausa) porque creíamos que era lo correcto”.Habilitación: la responsable del era Mansilla. “Hay una coincidencia extraña entre los testimonios de la responsable y algunas empleadas. Dijeron que Araniz ordenaba los pagos a Naval y que los mandaba en un sobre, con la implicancia que tiene esa palabra. No fue así. Pareciera que con tal de eludir sus responsabilidades, tiraron para arriba y para el costado”.
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