Por Carlos Pagni Para LA NACION
Un acuerdo social hasta las elecciones de 2009, que limite el aumento salarial del año próximo al 16%. Un compromiso de inversión privada con créditos subsidiados del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la banca comercial. Y la reposición del superávit fiscal en el 3,5% mediante la suba de las retenciones a las exportaciones de cereales. Ese es el breve inventario de las medidas económicas que se bosquejan, por ahora, entre El Calafate y Olivos. Néstor Kirchner sigue buscando, tenaz, el talismán técnico que detenga la inflación sin reducir el nivel de actividad. “Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo.” Esos dos axiomas proselitistas parecen problemáticos ahora que los Kirchner deben entrar en detalles. El frente inicial de operación es el fiscal. En el Ministerio de Economía ya redactaron los instrumentos para aumentar las retenciones al comercio de granos. En cuestión de días, el impuesto sobre las exportaciones de trigo pasará de 20 a 27% y el de la de soja, de 27,5 a 35 por ciento. Explica un alto funcionario: “Con la mejora espectacular que hubo en el precio de las commodities, la rentabilidad de los productores se mantendrá igual o mejor que hace tres meses. Además, el alza de los precios internacionales es un factor de inflación que el Presidente no tiene reparos en admitir, por lo que las retenciones serán presentadas también como un dispositivo contra ese problema". Kirchner alardeó con que su esposa llevará el superávit fiscal al 4 por ciento. Ahora parece exagerado. En Hacienda apuntan a reponerlo en el 3,5 por ciento. Todavía no se sabe a quién le tocará la faena. Cuando el santacruceño llame desde su café literario, varias veces por día, a esa secretaría, ya no lo atenderá Carlos Mosse, que estará en La Plata, convertido en senador provincial. Aunque tal vez Mosse consiga que sea su segundo, Raúl Rigo, quien describa el estado de la caja al esposo de la Presidenta. Mas controvertido que el ajuste en las retenciones es el aumento de tarifas para consumidores domiciliarios de altos ingresos del que se habló durante el fin de semana. Julio De Vido confesaba ayer que no estaba al tanto de la medida. La suponía un deseo de Economía. Sobre el programa económico también pesa el conflicto sucesorio que agita al gabinete nacional. El Gobierno sigue negando la existencia de una crisis energética que deriva, sobre todo, de exacerbar la demanda con un retraso tarifario. De Vido sólo admite el ajuste previsto para febrero en los contratos de distribución de gas y electricidad. Las empresas que se dedican a este último negocio guardan silencio sobre el aumento de ingresos -alrededor de 9 por ciento- que autorizó el Gobierno hace pocas semanas, al derivarles recursos del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE). Economía y Planificación tampoco acuerdan respecto del Indec, como lo demostró la expulsión de unos 20 técnicos díscolos a la Secretaría de Comercio, el viernes pasado. La tergiversación de las estadísticas amenaza con arruinar un instrumento invalorable de la nueva presidenta: el pacto social entre empresarios y trabajadores al cual se puedan tercerizar medidas antipáticas. Por ejemplo, el rechazo a los aumentos de salarios que pretende la CGT. El diputado electo Carlos Tomada ignora si será de nuevo convocado al Ministerio de Trabajo. Pero ya envió a la señora de Kirchner un modelo de acuerdo inspirado en antecedentes europeos. En especial alemanes y austríacos, como manda la moda en Olivos. Tomada coincide con Miguel Peirano: en el diálogo debería definirse una pauta de aumento bianual, que registre el nivel de la inflación presupuestada más dos o tres puntos por productividad del salario. El acuerdo debería inaugurarse en febrero o marzo con una suba que oscilaría entre el 14 y el 16 por ciento. Ese patrón se podría revisar cada 4 o 6 meses. ¿Aceptarán los sindicatos la premisa, cuando ya hay economistas que prevén para este año una inflación del 20%? El encargado de que lo hagan sigue siendo De Vido. Hace un par de semanas, descontó la obediencia de Hugo Moyano y comenzó por cuatro infieles. Almorzó, en las oficinas de un banquero, con Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingieri y Oscar Lescano, enemigos del camionero. Los comprometió a sentarse a la mesa aunque todavía no aceptaran la suspensión de paritarias que supone el pacto social. No se detallaron números durante ese almuerzo de la calle Sarmiento. Kirchner sigue creyendo que la inflación está impulsada, sobre todo, por la falta de inversión, que restringe la oferta. En la Casa Rosada especulan con que el acuerdo social podría fijar un objetivo con el cual se comprometa el empresariado. No se mencionarían los instrumentos para facilitarlo, aunque en Economía preparan algunos. Desgravar de Ganancias la reinversión de utilidades, por ejemplo. Además, Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, se encuentra en Buenos Aires. El Gobierno espera de esa institución los recursos que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) debería canalizar a través de la banca privada, para orientar créditos blandos a los sectores cuya capacidad productiva se haya saturado. El subsidio a la tasa de interés es, a falta de un nuevo Banade, la utopía que el empresariado infiltró en la agenda de Cristina Kirchner. Hasta ahora nadie se pregunta quién pagará el costo ni con qué criterios se orientarán los créditos. Tampoco se percibe temor a que, en el corto plazo, esos estímulos resulten inflacionarios. La recuperación del financiamiento público a través de la colocación de títulos en el mercado internacional sigue entre brumas. Sobre todo si depende de un acuerdo con los acreedores externos. El nuevo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, demostró que él también estaba en campaña cuando visitó Buenos Aires. Hace 10 días, en Washington, le sugirió a Peirano -en vano- que utilizara reservas del Banco Central para pagar la deuda de 6200 millones de dólares con el Club de París. El sábado pasado, al hablar de la Argentina, se mostró tan solidario con Rodrigo de Rato como Cristina Kirchner con su esposo. Las tratativas del ministro de Economía y de su segundo, Javier Alvaredo, chocan con la misma pared. El Fondo prevé una rutina llamada RAL (Reserve Augmentation Line) que exigiría a los Kirchner el blanqueo de las estadísticas, un ajuste en las tarifas y la reapertura del canje de la deuda con los bonistas que recurrieron a los tribunales. Es la receta de aquel socialista francés sobre lo que falta y cómo hacerlo. Aceptar esa agenda supondría que la nueva presidenta abandonaría el programa sacralizado por su marido. Haría imaginar un gobierno inspirado en otro concepto y en una alianza política distinta. Cristina barrió con estas hipótesis cuando, en el fragor del triunfo, le confesó a una compañera de Strauss-Kahn, la sorprendida Ségolène Royal: "Todos los presidentes argentinos tuvieron su ministro de Economía, pero el nuestro siempre ha sido Kirchner".
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