Ayer pasó lo que se había anunciado. El gobernador Carlos Verna, mediante el decreto Nº 2806, aceptó la renuncia que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, había presentado el 25 de septiembre.La espera de un mes se debió a que el mandatario quiso saber antes cómo concluiría el juicio político que le inició la Legislatura a raíz de un pedido del juez de instrucción, Carlos Jorge, para levantarle las inmunidades y poder indagarlo como sospechoso en la causa penal abierta por los 59 cheques que el fiscal cobró de Carlos Oppezzo entre 1998 y 2003.La Sala Juzgadora, con el mínimo de los votos necesarios –siete diputados marinistas y Héctor Mariani, de la Corriente Peronista Federal–, bloqueó la postura de la mayoría (12 votos) y consiguió que se ordenara la restitución de Romero Oneto en el cargo, al consideró que no cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público ni de cohecho (cobro de coimas). El cuerpo necesitaba para la destitución los dos tercios de los veinte legisladores que lo integran.En los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo se señaló que el fiscal comunicó su decisión de acogerse a los beneficios de la ley Nº 2341 de retiro especial y que, por ese motivo, presentó formalmente la dimisión. La solicitud de jubilación anticipada fue efectuada seis horas antes de que la Sala Acusadora de juicio político lo acusara por unanimidad ante la Sala Juzgadora. En verdad, con la renuncia, el funcionario saliente apostó a hacer “caer” el juicio político. Romero Oneto fue designado en la Fiscalía por el propio Verna y estuvo en funciones 3 años, 5 meses y 28 días. A fines de 2003 había sido promovido por el ex gobernador Rubén Marín, luego que se “bajara” de la pulseada el hoy camarista Arturo Tito Fresco, pero el bloque de diputados del PJ dio marcha con el nombramiento al comprobar que no saldría por unanimidad.El paso de Romero Oneto por la F.I.A. –fue el primer fiscal en la historia de La Pampa– fue bastante polémico, ya que él mismo había dicho antes de asumir que se inhibiría de investigar cuestiones relacionadas con el acueducto del Río Colorado, ya que fue asesor legal y coordinador de la comisión técnica de la obra (Cotarc).En estos tres años y medio tuvo que afrontar cuatro pedidos de juicio político. Tres por los cheques de Oppezzo y uno por el atraso en investigar una denuncia de la diputada radical Josefina Díaz por fallas edilicias en escuelas. En tres el PJ impidió que las denuncias llegaran a la Sala Juzgadora y, finalmente, sólo alcanzó esa instancia el pedido de Jorge. El cuestionamiento fue que cobró esos documentos de entre 1.500 y 2.000 pesos-dólares (lo mismo que percibía en el Estado) estando en la Cotarc, mientras su amigo Oppezzo era el director técnico y jefe de inspectores del acueducto. La Comisión Técnica era el organismo de control de la inspección.El reemplazante de Romero Oneto será elegido a través de un concurso público a cargo del Consejo de la Magistratura.
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