Después de cinco años de agonía, se reactivó ayer la gigantesca causa que investiga la responsabilidad de bancos extranjeros y funcionarios públicos en la crisis financiera de diciembre de 2001. La Cámara Federal porteña revocó un archivo que había dispuesto Guillermo Montenegro cuando todavía era juez federal y ordenó profundizar el caso, que estaba a un paso de la prescripción. El fallo de los camaristas cuestionó con dureza a Montenegro. Fue una despedida amarga para él, que ayer dejó su juzgado para sumarse al gabinete porteño de Mauricio Macri: será el próximo secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad. Al cerrar la causa, Montenegro había sostenido que estaba "descartado" que hubiera habido una confabulación entre las autoridades del gobierno de Fernando de la Rúa y los bancos en detrimento de los titulares de los depósitos que quedaron atrapados en el corralito. Eximió de responsabilidad a los funcionarios y ordenó devolver el caso a la justicia ordinaria. Entonces, los más de 1000 ahorristas representados en el expediente se opusieron y la Cámara Federal les dio la razón. "La resolución del juez de grado, que sin una mínima investigación pretende archivar parcialmente estas actuaciones en punto a la supuesta connivencia entre autoridades bancarias y funcionarios públicos (...), carece de toda base fáctica que la sustente", dijeron los jueces Martín Irirzun y Horacio Cattani. También le recriminaron haber "olvidado" que restaba investigar la falta de control que se les atribuyó a las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los fiscales federales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita habían denunciado "una actitud totalmente pasiva" de esos organismos frente a los incumplimientos de los bancos, que no observaron los requisitos de liquidez. Para corroborarlo, los fiscales habían pedido un peritaje contable que nunca se ordenó. Sin pruebas En su fallo de ayer, los camaristas afirmaron que no se había ordenado prueba alguna, pese a "los insistentes escritos de las partes" para impulsar la investigación. "La evidente morosidad judicial está llevando la causa por un camino que conduce peligrosamente a la prescripción de la acción", dijeron ayer los camaristas. Reproducían la queja de un grupo de ahorristas. El abogado Carlos Wiater representa a 1400 damnificados por el corralito. En diálogo con LA NACION celebró el fallo de la Cámara y afirmó: "Venimos pidiendo desde hace años pruebas para demostrar que los funcionarios del Banco Central, el gobierno y las entidades bancarias extranjeras estafaron a los ahorristas. Lo único que hizo el juez fue acumular las causas. Era ilógico e irracional que ahora volviera a declararse incompetente". En el entorno de Montenegro el fallo de la Cámara no cayó bien. Una fuente muy cercana a él dijo que "no es cierto que no se hayan realizado las medidas tendientes a verificar la actuación de los funcionarios" y advirtió que el archivo fue avalado por el ministerio público. La causa penal comenzó el 15 de febrero de 2002 con la denuncia de un jubilado que no pudo recuperar los 15.000 dólares que tenía depositados en el Banco Sudameris. Durante la semana siguiente, después de que el caso se hizo público en los medios, se sumaron al expediente, que estaba en manos del juez de instrucción Mariano Bergés, otras 400 denuncias contra bancos. Se formó así esa megacausa, que durante la primera mitad de 2002 preocupó a los banqueros. El juez citó como acusados a los directivos del Scotiabank, Banco Sudameris, BankBoston, Banco Río, Citibank y Banco Galicia. Pero Bergés entendió que había elementos para creer que funcionarios públicos podían estar involucrados en una maniobra y mandó el caso a la justicia federal. El caso pasó por dos juzgados hasta que llegó al despacho de Montenegro. Ahora, tras la renuncia de este magistrado, volverá a cambiar de juez. Quien herede el expediente deberá determinar "a la brevedad" si las autoridades "pudieron tener responsabilidad penal en la crisis de solvencia y liquidez que llevó a las instituciones financieras hacia el colapso". Así lo ordenaron los camaristas, que pidieron que se realizaran "todas las medidas probatorias que conduzcan a acreditar o descartar la hipótesis delictiva".
la nación
