El fiscal Guillermo Sancho apeló la resolución del juez de instrucción, Carlos Omar Jorge, por la cual dictó la falta de mérito del suspendido fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Romero Oneto, por los 59 cheques que cobró de Carlos Oppezzo entre 1998 y 2003. Si el magistrado aceptase el planteo, la causa irá a la Cámara en lo Criminal de General Pico.Jorge dijo que Romero Oneto no cometió ningún delito al recibir ese dinero mientras era asesor legal y hasta coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, y Oppezzo era el director técnico y jefe de inspectores de la millonaria obra. La Cotarc era justamente el organismo estatal que debía controlar a la inspección.Si Sancho recurrió la falta de mérito sería porque, contrariamente al pensamiento del juez, sospecharía que el titular de la F.I.A. cometió algún delito. ¿Cuál? Posiblemente cohecho, o sea cobro de coimas. Romero Oneto y Oppezzo –que ante la justicia afirmaron ser amigos– lo negaron cuando declararon frente a Jorge. Ambos aseguraron que los cheques fueron en compensación al asesoramiento profesional que el primero le brindó al segundo por su condición de abogado.Un dato interesante de la instrucción de la causa fue que Jorge dispuso la falta de mérito en base a resoluciones, leyes y decretos que pidió a distintos organismos públicos, y a sólo dos testimonios, el del pagador y el del cobrador. El imputado percibió los fondos a lo largo de cinco años, en forma casi mensual. Fueron cheques de entre 1.500 y 2.000 pesos. El propio Romero Oneto aceptó, en el descargo que hizo ante la Sala Juzgadora que lleva adelante el juicio político en su contra, que necesitaba trabajo porque el sueldo del Estado no le alcanzaba y le pidió ayuda a su amigo. Oppezzo fue su único cliente privado durante todo ese tiempo, de acuerdo a la facturación del propio fiscal. Algo más: el nombre de Romero Oneto figuraba, junto a otros 26 nombres, en una planilla de personal de la inspección del acueducto.¿Cohecho?Jorge, en la resolución a través de la cual dictó la falta de mérito, dejó entrever que a Romero Oneto lo “salvó” haber emitido facturas y pagar impuestos por los cheques porque sino, indicó, no hubiese dejado rastros. Pero también señaló que “resulta muy sugestivo” que Oppezzo empezara a pagarle “inmediatamente” después de abrir una cuenta corriente en el Banco de La Pampa de la que salieron todos los fondos.El juez –que más allá de su resolución ordenó que la investigación continúe– calificó como una “desprolijidad éticamente reprochable” la conducta de Romero Oneto y aseveró que violó la Ley 643 (Estatuto del Empleado Público) cuando, como coordinador de la Cotarc, asesoró a un contratista del Estado provincial como lo era Oppezzo. Por eso manifestó que debía ser cesanteado o exonerado de la administración pública.Esta última opinión fue criticada porque la Ley 643 se aplica a los empleados de la administración pública y no a los funcionarios y, por lo tanto, la eventual exoneración debió disponerse antes de que Romero Oneto accediera a la fiscalía. No obstante, ayer, fuentes judiciales, explicaron que la intención de Jorge –más allá de ese “error” técnico– habría sido la de advertir claramente que el obrar del imputado anduvo por la cuerda floja.
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