“Fui consultor y cobré los 59 cheques”

¿Qué dijo el fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, en la justicia, durante la hermética indagatoria que le tomó el jueves el juez Carlos Omar Jorge? Mucho o poco, según la lectura que haga cada uno.En principio, el fiscal suspendido no declaró nada nuevo de lo que ya había manifestado en dos procesos anteriores de juicio político que tuvo que afrontar por haber cobrado dos y cinco cheques en 2000 y 2001, respectivamente, de parte de Carlos Oppezzo.La otra visión posible es que, por primera vez, admitió que no fueron dos, ni cinco, ni diez; sino 59 los cheques que recibió de la chequera de Oppezzo y su esposa entre 1998 y 2003. “Sí, cobré 59 cheques y las facturas que emití son mías”, sostuvo palabras más, palabras menos. O sea, “blanqueó” una situación que ya era insostenible seguir negando. Y quizá ese reconocimiento tenga más fuerza porque fue ante un juez.La otra definición que mantuvo Romero Oneto frente a Jorge –de acuerdo a fuentes confiables– fue que ese dinero lo percibió en concepto de consultoría. Durante la indagatoria aseguró que fue “consultor” de Oppezzo durante esos años. También se calificó como “amigo” de él.Hasta ahora, nunca Romero Oneto ni Oppezzo hablaron de consultoría; siempre hablaron de “asesoramiento profesional”. ¿Por qué cambio el funcionario suspendido? ¿Qué diferencia legal hay entre una palabra y otra? Eso sólo lo sabe el indagado. Semánticamente no hay diferencias porque asesorar es “dar consejo o dictamen” y consultor es “dar su parecer sobre algún asunto”.El primero de los documentos Romero Oneto lo cobró en noviembre de 1998, al mes siguiente de que el ex jefe de inspectores del acueducto del Río Colorado abriera la cuenta bancaria de la que salieron todos los fondos. Oppezzo declaró en la justicia, bajo juramento de decir verdad, que emitió documentos a nombre de su amigo hasta mucho antes de lo que realmente lo hizo (ver aparte).Pagos regulares y mensuales.El fiscal fue suspendido en sus funciones y le levantaron las inmunidades de las que goza por su cargo –porque eso fue que pudo indagarlo Jorge– luego que la Sala Acusadora de Diputados resolviera acusarlo, por unanimidad, y enviara el caso a la Sala Juzgadora, que se reunió por primera vez el jueves pasado.Ese día los miembros informantes de la Sala Acusadora, los legisladores Antonia Alegre (PJ) y Mario Cayre (FRAP), mantuvieron la acusación y pidieron la destitución del fiscal. En esos discursos, a través de la palabras de Cayre, la Legislatura aseguró algo que LA ARENA publicó hace un largo tiempo, que los pagos fueron “en forma regular, mensual y consecutiva durante cinco años”. Ahora Jorge debe resolver si procesa a Romero Oneto por el cobro de los cheques –o sea, si considera prima facie que cometió un delito–, o si le dicta la falta de mérito. Ese eventual delito podría ser cohecho (cobro de coimas), aunque el fiscal Guillermo Sancho, cuando le requirió la indagatoria al juez, mencionó el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal, que fija prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua del funcionario público “que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.Las sospechas apuntan a que el fiscal recibió entre 1.500 y 2.000 pesos mensuales –buena parte durante la convertibilidad– cuando era asesor legal y hasta coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, y Oppezzo era director técnico y jefe de inspectores de la obra. Por consiguiente, las resoluciones que adoptaba la Cotarc pudieron eventualmente beneficiar al dueño de la chequera.A la par que afronta un posible procesamiento, Romero Oneto también tiene que dar respuestas ante la Sala Juzgadora. Por eso fue citado el jueves para que responda a la acusación y ofrezca prueba. El cuerpo tiene plazo hasta fines de octubre para destituirlo o mantenerlo en el cargo.
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