La justicia internacional vivió ayer una jornada histórica al sentar en el banquillo de los acusados a Thomas Lubanga, antiguo líder de la Unión Congoleña de Patriotas, por haber reclutado a niños menores de 15 años para luchar como soldados en la guerra que asoló República Democrática de Congo entre 1998 y 2003. Es el primer caso de la historia en el que se juzga a un acusado por el reclutamiento forzoso de niños en un conflicto.
La sesión de ayer también supuso el estreno de la Corte Penal Internacional (CPI), único tribunal permanente con autoridad para procesar por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Lubanga, un hombre de 48 años con rasgos aniñados, acusado de seis cargos de crímenes de guerra y que pareció seguir con interés las intervenciones del fiscal, es la primera persona contra la que la Corte, con sede en La Haya, abre formalmente juicio.
El protagonista del día, sin embargo, fue el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. En una actuación a ratos apasionada, leyó un pliego de acusaciones que formó un nudo en la garganta a todos los asistentes. "Lubanga utilizó a centenares de niños para matar, saquear y violar. Pero también los pequeños fueron violados. Las niñas eran además esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros. Éste es uno de los peores crímenes contra la infancia a los que se enfrenta la comunidad internacional. Si es condenado, espero que la sentencia contemple el hecho de que las víctimas fueron una generación entera de pequeños congoleños. Pediré una condena muy severa o próxima a los 30 años, la pena máxima", anunció.
Los hechos juzgados tuvieron lugar entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, periodo en que Lubanga dirigía la Unión Congoleña de Patriotas, una milicia de la etnia hema que operaba en la región de Ituri, al este de Congo. La zona, rica en minas de oro, se convirtió en un campo de batalla ocupado por los Gobiernos de Uganda y Ruanda, además del Ejército de Congo. Esta pugna sólo exacerbó el conflicto de fondo que enfrentaba a las etnias hema y lendu, desatado en 1999.
Naciones Unidas apunta que, en el peor momento de la lucha, más de 60.000 civiles fueron masacrados sólo en Ituri. Según la Corte Penal Internacional, la milicia liderada por Lubanga "reclutó, entrenó y utilizó a centenares de niños que tenían entre 9 y 13 años. Niños que siguen padeciendo pesadillas y suelen ser invisibles en otros conflictos. Pero no en éste", afirmó el fiscal Moreno Ocampo.
Después de mostrar una filmación donde se veía a Lubanga junto a niños y jóvenes vestidos de uniforme, el jurista aseguró con vehemencia que si horribles eran los alistamientos forzosos de menores, peor fue el uso de las niñas como esclavas sexuales. A las drogas y malos tratos que los milicianos de Lubanga infligían a sus reclutas; a los secuestros camino del colegio y el uso de brujería para convencerles de que les protegían fuerzas superiores, "hay que sumar las violaciones sistemáticas de niñas".
La acusación espera presentar a 34 testigos, entre ellos 9 antiguos niños soldado, y milicianos y expertos. Los menores participarán como víctimas susceptibles de recibir una compensación por primera vez en un juicio internacional, y serán protegidos para evitar represalias. Sus abogados, ocho en total, de los que siete acudieron ayer a La Haya, representan asimismo a 93 familias de los afectados. El grupo de letrados se comprometió a que se sepa "la verdad del dolor y miedo de unos niños a los que afectará de por vida su sufrimiento".
Lubanga sólo tomó ayer la palabra para declararse inocente a la espera de que la defensa presente hoy sus alegaciones. Pero su silencio no pasó desapercibido en la propia Ituri. En la capital, Bunia, puede seguirse el proceso en una pantalla gigante recién instalada. El juicio puede prolongarse incluso un año.
El protagonista del día, sin embargo, fue el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo. En una actuación a ratos apasionada, leyó un pliego de acusaciones que formó un nudo en la garganta a todos los asistentes. "Lubanga utilizó a centenares de niños para matar, saquear y violar. Pero también los pequeños fueron violados. Las niñas eran además esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros. Éste es uno de los peores crímenes contra la infancia a los que se enfrenta la comunidad internacional. Si es condenado, espero que la sentencia contemple el hecho de que las víctimas fueron una generación entera de pequeños congoleños. Pediré una condena muy severa o próxima a los 30 años, la pena máxima", anunció.
Los hechos juzgados tuvieron lugar entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, periodo en que Lubanga dirigía la Unión Congoleña de Patriotas, una milicia de la etnia hema que operaba en la región de Ituri, al este de Congo. La zona, rica en minas de oro, se convirtió en un campo de batalla ocupado por los Gobiernos de Uganda y Ruanda, además del Ejército de Congo. Esta pugna sólo exacerbó el conflicto de fondo que enfrentaba a las etnias hema y lendu, desatado en 1999.
Naciones Unidas apunta que, en el peor momento de la lucha, más de 60.000 civiles fueron masacrados sólo en Ituri. Según la Corte Penal Internacional, la milicia liderada por Lubanga "reclutó, entrenó y utilizó a centenares de niños que tenían entre 9 y 13 años. Niños que siguen padeciendo pesadillas y suelen ser invisibles en otros conflictos. Pero no en éste", afirmó el fiscal Moreno Ocampo.
Después de mostrar una filmación donde se veía a Lubanga junto a niños y jóvenes vestidos de uniforme, el jurista aseguró con vehemencia que si horribles eran los alistamientos forzosos de menores, peor fue el uso de las niñas como esclavas sexuales. A las drogas y malos tratos que los milicianos de Lubanga infligían a sus reclutas; a los secuestros camino del colegio y el uso de brujería para convencerles de que les protegían fuerzas superiores, "hay que sumar las violaciones sistemáticas de niñas".
La acusación espera presentar a 34 testigos, entre ellos 9 antiguos niños soldado, y milicianos y expertos. Los menores participarán como víctimas susceptibles de recibir una compensación por primera vez en un juicio internacional, y serán protegidos para evitar represalias. Sus abogados, ocho en total, de los que siete acudieron ayer a La Haya, representan asimismo a 93 familias de los afectados. El grupo de letrados se comprometió a que se sepa "la verdad del dolor y miedo de unos niños a los que afectará de por vida su sufrimiento".
Lubanga sólo tomó ayer la palabra para declararse inocente a la espera de que la defensa presente hoy sus alegaciones. Pero su silencio no pasó desapercibido en la propia Ituri. En la capital, Bunia, puede seguirse el proceso en una pantalla gigante recién instalada. El juicio puede prolongarse incluso un año.
EL PAIS
