LA SALA ACUSADORA PIDIÓ LA DESTITUCIÓN E INHABILITACION DE ROMERO ONETO

Santa Rosa, 18 de octubre – “Solicitamos a la Sala Juzgadora, la destitución del señor fiscal de investigaciones administrativas doctor Enrique Romero Oneto en orden a la causal de delitos comunes previstos en el artículo 110 de la Constitución Provincial y que se le imponga la accesoria de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de diez años”, así cerró su alegato la miembro informante de la Sala Acusadora, la diputada Antonia Alegre, en el marco del juicio político que se le sigue al suspendido fiscal de investigaciones administrativas, por los cheques que percibió de quien fuera presidente de la COTARC, Carlos Opezo, mientras se desempeñaba como asesor y luego coordinador de la misma. Antes, Alegre, había hablado de la confirmación de parte de Opezzo de que efectivamente Romero Oneto había cobrado de su cuenta cincuenta y nueve cheques entre el 16 de noviembre de 1998 y el 12 de diciembre de 2003; de que el fiscal de la causa sostiene que los pagos son demostrativos de un cohecho tipificado y previsto en el Código Penal y que pese a que la causa se encuentra en período procesal a juicio de la Sala Acusadora ha incurrido en la causal de comisión de delitos comunes. También destacó que Romero Oneto intentó justificar esos pagos, que no negó, con argumentos que carecen de entidad; que si pensaba que esos pagos eran legales demuestra que carece de las más necesarias nociones de ética en al función; que si realmente hubiera sido conciente de estar actuando en forma ética no hubiera callado la existencia de esos pagos (sólo reconoció tres o cuatro) en los anteriores juicios políticos, ni la verdadera relación con el ingeniero Opezzo, ni le tiempo en que percibió esos honorarios ni demás detalles. “La omisión de decir toda la verdad es una forma de mentir, si calló es porque sabía perfectamente que no era ético el recibir honorarios de la persona a quien él debía controlar”, afirmó Alegre. La diputada hizo mención a la declaración de Opezzo ante la justicia rescatando que de sus dichos se desprende “la fuerte presunción de que todos los pagos estaban relacionados a la chequera con la que abonaba todo lo referido a la obra del Acueducto y de no ser así debió haber sido fehacientemente evidenciado”. Alegre reflexionó que “carece de credibilidad y seriedad abonar en forma mensual sumas significativas tan sólo para asesoramiento” y que “prácticamente no existen contrataciones de ese tipo por parte de particulares”. Finalmente, antes del pedido de destitución, la legisladora recordó que “Opezzo declaró en sede penal que el asesoramiento era muy anterior a los cheques y que antes, ésos pagos los hacía en efectivo” elucubrando que “de ser cierto esos dichos, Romero Oneto hubiera incorporado esas facturas y sus pagos de impuestos, su silencio indicaría que no hubo tales facturas y que, por ende, no existirían tales pagos”. La defensa Romero Oneto, en tanto, comenzó su alegato rechazando la legalidad de que se incorporara como prueba la copia de la apelación al dictado de falta de mérito que hiciera el fiscal Sancho (“si a mi me citan el 11 para efectuar mi alegato el 18, debería haber concluido el plazo para la presentación de pruebas antes de ese día”, dijo). Su argumentación se sustentó en decir una y otra vez, con ejemplos de situaciones distintas, que mientras asesoró a Opezzo lo hizo siendo agente del Estado, es decir no ejerciendo nunca funciones decisorias. “El decreto de creación de la COTARC taxativamente establece que ni el asesor, ni el coordinador, ni siquiera el presidente de la misma tienen funciones decisorias, que deben reportar todo su accionar al Ministerio de Hacienda”, dijo. También recordó que sólo cobró como funcionario los viáticos que le correspondían cuando viajaba fuera de la provincia, algo que es similar a lo que hacen, por ejemplo, los choferes que trasladan funcionarios a lugares fuera de La Pampa. Que como la COTARC no tenía personal, cuando la crearon “chupaba” agentes de diversas dependencias, en su caso lo tomaron siendo asesor legal de la APA y que desde entonces cobró como asesor legal de acuerdo al CCT 57/75, “siendo agente del Estado provicnial”. Reveló que ocupando ese rol de asesor legal de la COTARC cobró 55 de esos cheques a Opezzo por asesoramiento particular y que los cuatro restantes los cobró mientras reemplazaba al ingeniero Crespillo como coordinador de la COTARC cuando éste estaba de vacaciones. Insistió en que en ningún caso tenía funciones decisorias, sino que emitía simples dictamines que no eran vinculantes. También desestimó la apelación al dictado de falta de mérito del fiscal Sancho diciendo que le resultaba “llamativo” que el fiscal no profundizara la pesquisa en el momento oportuno y relacionó su “aparición de golpe pidiendo la declaración indagatoria, luego de un año y medio de inacción” con “una cuestión meditática”. Finalmente dijo estar seguro que “si esta Sala Juzgadora fallara positivamente, el día 24 el gobernador me aceptará la renuncia y me iré como corolario de una conducta intachable”, pidió que merituaran que de condenarlo mancharían para siempre esa conducta y rememoró en versión libre a Bertold Brecht pidiendo que recuerden que “ayer se llevaron a mi vecino, hoy me llevan a mí y ya es demasiado tarde”. El martes la sentencia La sesión cerró con la convocatoria que hizo su presidente, César Ballari, a una próxima sesión, en la que se expedirán los diputados, el martes a la hora 11:00.
Prensa Legislativa