Salvavidas: ahora el fiscal Romero Oneto espera que el gobernador le otorgue un subterfugio para eludir las consecuencias de una condena con la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hubo movimientos judiciales y políticos que favorecieron al fiscal suspendido y ahora utilizó el margen que tiene para presentar su renuncia. El suspendido fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Romero Oneto, presentó ayer en horas de la tarde la renuncia. De esta manera busca una salida al juicio político que enfrenta (frenado ahora por un recurso de amparo de una jueza) y salvar así su jubilación. También esquivar la inhabilitación que le cabría para ocupar puestos y cargos públicos.Romero Oneto quedó arrinconado luego que la Sala Acusadora diera curso a la acusación y lo suspendiera, para dar intervención a la Sala Juzgadora. El fiscal de Investigaciones ya había dado muestras que le interesaba salvar su jubilación: el 6 de septiembre pidió el retiro anticipado unas horas antes que se resolviera su juicio político.Romero Oneto enfrenta el juicio político por el cobro de 59 cheques de la cuenta del ingeniero Carlos Oppezzo. Esos cheques fueron cobrados por Romero Oneto mientras Oppezzo era inspector de la obra del Acueducto del Río Colorado y el suspendido fiscal era asesor de la COTARC. Aunque fue denunciado por los dirigentes de la CTA, Omar Lara y Ricardo Caso por el cobro de dos cheques primero y de otros cinco después, el bloque del PJ frenó sendos juicios políticos en la Sala Acusadora durante los años 2004 y 2005.En esa documentación, donde aparecían las iniciales “R.O.” cobrando cheques aparecían otras que coinciden con otros funcionarios: “RR”, iniciales iguales a la de Raúl Rodríguez, ex secretario de Obras Públicas; “R.C”., iguales a Raúl Crespillo, ex funcionario del APA y “J.O.”, iguales a José de Ormaechea, eran otras iniciales que figuraban en el talón de la chequera de Carlos Oppezzo.El tercer juicio político terminó en una denuncia ante la Justicia para que investigue. Un año después el juez Carlos Jorge aceptó el pedido de indagatoria del fiscal, efectuado en abril de 2006 y reiterado por el actual fiscal Carlos Sancho. Cuando el pedido de indagatoria llegó a la Cámara, se le inició otro juicio político. Esta vez, y luego de que estallara un escándalo donde ex directivos relataron que pagaron coimas a funcionarios pampeanos, no había espacio para que el PJ salvara al fiscal Romero Oneto.La Coalición Cívica en una conferencia de prensa realizada el lunes, advirtió que el fiscal Romero Oneto podría presentar la renuncia como una forma de eludir la destitución y la inhabilitación. “El gobernador Carlos Verna no tiene que aceptar la renuncia de Romero Oneto y debe ordenarle al fiscal de Estado, José Vanini, que pida la declaración de anticonstitucionalidad del artículo 20º de la ley de juicio político”, dijo el ex diputado Oscar Santamarina. Ese artículo dice que el juicio político cesa con la renuncia del funcionario. Además el fiscal podría volver a la función pública porque no se lo inhabilita, como está previsto en caso que la Sala Juzgadora lo condene.Romero Oneto había conseguido un poco de oxígeno por parte de la jueza Gloria Albores quien consideró, “prima facie”, que estaban dadas las condiciones para atender el recurso de amparo del fiscal suspendido. Una vez que la jueza otorgó el recurso, se armó una maraña judicial y política. El PJ también encontró un resquicio para no hundir al fiscal y pasó el juicio político a cuarto intermedio.Finalmente Enrique Romero Oneto, abogado del APA durante más de 30 años y primer fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa (creado por la reforma de la Constitución del año 1994) termina presentando la renuncia envuelto en el cobro de coimas. Lo que mal empieza, mal acaba.
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