Canal 3, de la soberbia a la irresponsabilidad

La ausencia de legisladores opositores ante la visita del director de Canal 3, Miguel Solé, abre un espacio interesante para reflexionar acerca del ámbito donde consideran que deben plantear los debates y, ya que estamos, sobre la valoración que hacen sobre la institución democrática que representan los órganos legislativos.

"Con fascistas no hablo" se excusó esta mañana Juan Carlos Scovenna en un reportaje radial, agregando más adelante que "la empresa no importa, lo que importa es la política comunicacional del gobierno provincial", y cuestionando la ausencia opositora en la principal pantalla oficialista.

Tal vez los asesores y auxiliares con que cuentan los bloques opositores debieran alertar a sus jefes que "la empresa sí importa", porque la pretensión del gobierno provincial de transformar al Canal 3 merece una y varias reuniones para interiorizarse acerca del destino que tendrá la emisora, una de las pocas que sobrevivió a la fiebre privatizadora de los 90.

"La empresa sí importa", porque de ella dependen más de un centenar de trabajadores, y sus familias, en forma directa y otro tanto en forma indirecta.

"La empresa sí importa", porque habrá que ver si está previsto el espacio necesario para producciones locales, y no transformarse en una repetidora de canales porteños.

"La empresa sí importa", porque la totalidad de los pampeanos aportan, a través de sus impuestos, para el mantenimiento de la emisora y tienen derecho a que sus "representantes" se interesen.

No es un secreto que los gobiernos dictatoriales las primeras puertas que clausuran son la del Congreso, las Legislaturas y los Concejos Deliberantes. Es deducible por lo tanto el valor democrático que tienen estos lugares, entre otros aspectos, por el ámbito de expresión que representan.

De un tiempo a esta parte los partidos que componen la oposición legislativa han tomado por costumbre ausentarse del recinto y de las comisiones cuando consideran que hay temas impuestos o difíciles de torcer en cuanto a su destino. Es así que se han ausentado en el tratamiento del presupuesto (vaya ley!), discursos de apertura a cargo de gobernadores, llegaron hasta rechazar presidir cualquier comisión durante la gestión anterior.

Es allí donde deben expresarse y lucirse. Es allí, en la Cámara de Diputados donde deben debatir y exponer sus ideas. Es allí, generando y aprobando o rechazando leyes, pero con verdadero fundamento, en donde deben ganarse el voto popular.

No es en el centimetraje de los diarios, ni en los minutos radiales o televisivos, en que los medirá el electorado.
Las políticas comunicacionales del gobierno también importan, pero no es en los medios donde deben debatirlas prioritariamente. Los medios brindan un lugar para los que no tienen un lugar donde ser escuchados, pero no es el caso de los diputados que sí tienen uno.

También es de utilidad recordarles a algunos legisladores que deben y tienen que hablar con los "fascistas", los "progresistas", los "cultos", los "ignorantes", los "sabiondos", en fin... con todos. Para eso estamos en democracia, caso contrario caerían en los mismos vicios que critican.

Como se verá no alcanza con la falta de humildad de Solé, que bastante falta le hará, para negarse al debate o, lo que es peor, negarse a demostrar interés por una institución, Canal 3, que es de todos los pampeanos.

Valga recordarles que tanto a ellos como a los oficialistas el pueblo les ha dado un mandato. El de ellos es el de contralor de la mayoría circunstancial. Tan circunstancial que algún día podrían estar ellos del lado del mostrador del oficialismo.

Claro que para que esto suceda deben demostrar que están a la altura de las circunstancias, sobre todo en cuanto a su capacidad de gestión, y hasta el momento no lo demuestran.
Adrián Medina

Aborta Como Puedas

Veintidós años después de la despenalización parcial del aborto en España, la mujer que pretende acogerse a alguno de los tres supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo -violación, malformación congénita del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre- sigue encontrándose casi con tantas dificultades para ser atendida como cuando el aborto era ilegal. La amplia nómina de médicos que trabajan en la sanidad pública considera, salvo honrosas y contadas excepciones, que la atención a ese tipo de pacientes no les concierne, amparándose en una pretendida objeción de conciencia que, por su carácter colectivo y generalizado, tiene todos los visos de ser una toma de posición meramente corporativa.
Solo el 3% de los abortos legales que se dan en España -90.000 en 2005- se realiza en hospitales públicos, lo que significa que su práctica totalidad se lleva a cabo en clínicas privadas. Es cierto que un buen número de estos abortos los cubre la sanidad pública, pero con un innecesario sobrecoste económico que grava su presupuesto y, sobre todo, con un cúmulo de dificultades y molestias añadidas a un tipo de pacientes que resultan discriminados. Las comunidades autónomas han buscado la forma de salir del atolladero derivando la práctica del aborto legal a la medicina privada, que en el caso de Navarra, donde no hay distinción entre lo público y lo privado en la desatención de quien busca abortar, se traduce en un obligado y abusivo viaje fuera de la comunidad. No ha habido el menor intento de plantar cara a los médicos y cuestionar la legalidad de su pretendida objeción de conciencia, llevando el asunto ante los organismos competentes y persiguiendo con mayor rigor a quienes alegan objeción por la mañana en un centro público y la olvidan por la tarde en una clínica privada.
En toda esta situación, verdaderamente bochornosa y discriminatoria, llama la atención la complacencia y pasividad no sólo de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en la materia, sino del propio Gobierno de la nación, del Defensor del Pueblo e, incluso, del ministerio fiscal. En España, los supuestos legales de aborto exigen en principio dictámenes médicos previos sobre su procedencia. No existe el llamado aborto libre, que dejaría su práctica a la sola decisión de la mujer por un tiempo determinado. Por tanto, desatender en las actuales circunstancias a una paciente que solicita los servicios médicos y sanitarios en un centro público para diagnosticar un posible aborto legal no sólo no tiene justificación deontológica alguna, sino que puede constituir un caso claro de denegación de auxilio. La situación merece la atención del Defensor del Pueblo y podría dar materia de investigación al ministerio fiscal.

Fuente: Editorial diario "El País" (España)